Este lunes, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que los sargentos Edison Steven Rodríguez Lancheros y Jorge Alberto Angulo Lozano fueron llevados con un juez de garantías como posibles responsables de extraer armas, munición, uniformes y otros elementos de batallones del Ejército Nacional con fines de tráfico ilícito.
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Las investigaciones arrojaron que los funcionarios, al parecer, se valieron de sus cargos para extraer material de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas para posteriormente ponerlo a disposición de particulares.
#ATENCIÓN | La Fiscalía presentó ante un juez a los sargentos Edison Steven Rodríguez Lancheros y Jorge Alberto Angulo Lozano, como posibles responsables de extraer armas, munición, uniformes y otros elementos de los batallones y fuertes militares con fines de tráfico ilícito. pic.twitter.com/GIi40w01rM
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 3, 2023
Por ejemplo, el sargento Rodríguez Lancheros, quien se desempeñó como bodeguero en una sede militar de Medellín entre 2021 y 2022, habría desviado armas y munición para fusil de manera sistemática.
De hecho, habría modificado y alterado los documentos de inventario respecto a las cantidades de material que eran despachadas a las distintas unidades.
En las diligencias los investigadores del CTI y del Gaula hallaron 300 cartuchos para fusil, vainillas de proyectiles percutidos, uniformes y un casco del Ejército.
Por dichos hechos, las autoridades le imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado; utilización ilegal de uniformes e insignias; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
La investigación da cuenta de que los funcionarios, al parecer, se valieron de su posición y cargos para obtener de manera irregular material de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y ponerlo a disposición de particulares. pic.twitter.com/9LIxcT9eCe
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 3, 2023
Por su parte, el sargento Angulo Lozano, en su condición de almacenista de un batallón de apoyo y servicio del Ejército en Medellín, también es señalado de contribuir a la desviación de armamento y munición para fusil, y de adulterar los inventarios para tratar de ocultar la salida de estos elementos a manos de terceras personas.
A este suboficial se le imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
Ninguno de los dos aceptó cargos, pero el juez les impuso medida de aseguramiento en una cárcel.
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