Ante la preocupante crisis en la atención pediátrica en Colombia —marcada por el cierre de 825 camas neonatales y pediátricas entre 2019 y 2023 y una ocupación que supera el 85 % en ciudades como Bogotá— la IPS Sociedad Pediátrica de Los Andes (SPLA) implementó un modelo innovador de consulta prioritaria pediátrica.
Este sistema permite que los niños sean atendidos por un pediatra especializado en menos de 45 minutos, resolviendo directamente el 95 % de los casos, lo que contribuye a descongestionar los servicios de urgencias.
(Vea también: Alertan a afiliados de EPS Sanitas por nueva movida del Gobierno: hay máxima preocupación).
Cada mes, más de 4.000 niños reciben atención mediante este modelo, que actúa como un filtro eficaz para detectar patologías graves a tiempo y tratar de forma ambulatoria enfermedades comunes como infecciones respiratorias o gastrointestinales.
Así, se optimizan los recursos hospitalarios y se reduce el riesgo de contagios asociados a la permanencia en urgencias.
La consulta prioritaria pediátrica está disponible para pacientes particulares, usuarios de EPS y planes complementarios de varias aseguradoras, lo que garantiza un acceso amplio y equitativo.
Según José Manchego, director de la SPLA, esta estrategia mejora la eficiencia del sistema de salud, ofrece prevención temprana y asegura atención oportuna para la población infantil, incluso sin depender de la disponibilidad de camas hospitalarias.
Por qué hay crisis de la salud en Colombia actualmente
Actualmente, Colombia enfrenta una profunda crisis en su sistema de salud, resultado de múltiples factores estructurales y coyunturales que se han acumulado durante años. Uno de los aspectos más graves es el desequilibrio financiero que afecta tanto a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) como a las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS).
Las EPS, responsables de administrar los recursos del sistema, enfrentan deudas millonarias que superan los billones de pesos, generadas en parte por recobros, demoras en los pagos de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y problemas de flujo de recursos. Esto lleva a que las clínicas y hospitales no reciban los pagos a tiempo, afectando su operación diaria, impidiendo el pago de nóminas y dificultando la compra de insumos y medicamentos esenciales para atender a los pacientes.
A esto se suma la crisis de talento humano en salud: médicos, enfermeros y demás profesionales trabajan bajo condiciones laborales precarias, con contratos por prestación de servicios que no ofrecen estabilidad ni garantías sociales.
Esto ha desencadenado protestas y llamados de atención de los gremios del sector, que alertan sobre el agotamiento físico y mental del personal sanitario, sobre todo tras la pandemia del COVID-19, que dejó secuelas no solo en la infraestructura hospitalaria, sino también en la moral de quienes trabajan día a día salvando vidas. La sobrecarga de trabajo y la falta de recursos ha ocasionado el cierre de servicios clave, especialmente en áreas críticas como la pediatría, obstetricia y urgencias.
Por otra parte, el envejecimiento de la población y el incremento de enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión y cáncer han aumentado considerablemente la demanda de servicios, presión que no ha sido correspondida con la ampliación de la infraestructura o con mayor inversión pública. Las reformas propuestas por los distintos gobiernos tampoco han logrado consolidarse; en algunos casos han generado más incertidumbre que soluciones, y en el actual contexto político, la polarización dificulta llegar a consensos que prioricen la salud como derecho fundamental.
Finalmente, la corrupción y la ineficiencia administrativa siguen siendo problemas graves. Desvío de recursos, contratos irregulares y manejos indebidos afectan directamente el servicio que recibe el ciudadano, mientras el sistema se convierte en escenario de disputas políticas y económicas. Todo esto conforma una tormenta perfecta que pone en jaque la sostenibilidad de la salud en Colombia, impactando especialmente a los más vulnerables y dejando a millones de personas expuestas a la desatención o a una atención deficiente.
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