En Colombia, las EPS atraviesan una crisis financiera profunda que se refleja en retrasos de pagos a clínicas y hospitales, falta de liquidez y deficiente administración de recursos públicos.
Esta situación ha causado interrupciones en la atención médica, demoras en la entrega de medicamentos y un aumento de tutelas y quejas de los usuarios, afectando especialmente a millones de personas que enfrentan mayores barreras para acceder a servicios oportunos y de calidad.
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Ante este panorama, el Ministerio de Salud advirtió que varias EPS podrían entrar en liquidación a partir de 2025 si no logran resolver sus problemas financieros, y la Superintendencia Nacional de Salud ha intervenido algunas de ellas, como Coosalud.
Entre las EPS en mayor riesgo, según Minsalud, están Savia Salud, Asmet Salud, Servicio Occidental de Salud (SOS), Emssanar, Nueva EPS, Famisanar y Coosalud.
Por otro lado, el Ministerio reveló que 28 EPS siguen autorizadas para operar legalmente, incluyendo Mutual SER, Salud Total, Sura, Sanitas, Cajacopi, Capital Salud y varias EPS regionales, entre otras entidades.
Finalmente, se explicó que, aunque algunas entidades están intervenidas, deben seguir prestando atención a sus afiliados y, en caso de liquidación, estos serán reubicados para garantizar la continuidad del servicio.
Por qué hay crisis de la salud en Colombia
La crisis actual del sistema de salud en Colombia tiene raíces profundas y múltiples factores que se han acumulado durante años, generando un impacto directo en millones de usuarios.
Uno de los principales problemas es la grave situación financiera que enfrentan las EPS (Entidades Promotoras de Salud). Muchas de ellas presentan millonarias deudas con clínicas, hospitales y prestadores de servicios médicos, lo que ha derivado en retrasos en los pagos, falta de recursos para cubrir tratamientos esenciales y dificultades para sostener la operación diaria. Esta falta de liquidez se traduce, a nivel de los usuarios, en demoras en la entrega de medicamentos, citas médicas aplazadas por meses y procedimientos quirúrgicos que se postergan indefinidamente, afectando especialmente a pacientes con enfermedades crónicas o de alto costo.
Otro factor determinante es la deficiente administración de los recursos públicos destinados a la salud. Aunque el presupuesto que gira el Estado ha crecido, los mecanismos de control y vigilancia sobre el uso de esos dineros no han sido lo suficientemente efectivos, permitiendo casos de corrupción y mala gestión.
Esto ha incrementado la desconfianza entre los actores del sistema y ha hecho que las intervenciones de la Superintendencia Nacional de Salud sean cada vez más frecuentes, aunque no siempre logren solucionar el problema de fondo.
La situación se agrava en las zonas rurales y apartadas del país, donde la cobertura en salud es limitada por la escasez de personal médico, infraestructura deficiente y falta de insumos básicos.
En estos territorios, las EPS y hospitales tienen mayores dificultades para operar, lo que deja a miles de personas sin acceso real a servicios esenciales. Este desequilibrio territorial profundiza la brecha entre las ciudades principales, donde el acceso suele ser mejor, y regiones donde la atención médica es prácticamente inexistente.
Por qué las reformas a la salud son insuficientes en Colombia
Las reformas propuestas para salvar el sistema tampoco han logrado resolver la crisis estructural, generando más incertidumbre y temor entre usuarios y prestadores.
Las medidas como la intervención de EPS en riesgo y la posible liquidación de otras buscan frenar el colapso, pero no abordan problemas clave como el modelo de aseguramiento, el control de gastos y la necesidad de mayor transparencia. Esto explica por qué, a pesar de los esfuerzos, la crisis de salud sigue profundizándose, afectando la calidad del servicio, aumentando las quejas y tutelas de los ciudadanos y poniendo en riesgo el derecho fundamental a la salud para millones de colombianos.
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