La Contraloría encendió las alarmas sobre el estado financiero de las EPS en Colombia, al presentar un informe con corte al 31 de diciembre de 2024. Según el documento citado por La República, se identificó una “profunda crisis estructural” que amenaza la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Uno de los hallazgos más preocupantes tiene que ver con la deuda total de las EPS, que asciende a 32,9 billones de pesos. Este panorama, según el informe reseñado el medio citado, deja en evidencia la debilidad financiera del sistema, pues 16 EPS presentan serias dificultades de liquidez, lo que compromete su capacidad para responder a compromisos inmediatos.
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El informe señala que de las 29 EPS activas actualmente, solo seis cumplen con los tres requisitos de habilitación financiera: capital mínimo, patrimonio adecuado e inversión en reservas técnicas. Sin embargo, estas seis solo cubren el 10,92 % de los afiliados, mientras que la gran mayoría de los colombianos están vinculados a entidades que incumplen al menos uno de estos indicadores.
Desde que entró en vigencia la Ley 100 de 1993, han operado 157 EPS, pero hoy sobreviven apenas 29. Las constantes liquidaciones han sobrecargado a las entidades vigentes, que han debido asumir más afiliados sin contar con respaldo económico ni operativo suficiente, señala el mismo medio.
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Ninguna EPS tiene solvencia
De las 29 EPS, 15 no tienen el capital mínimo exigido, 14 incumplen en patrimonio adecuado y 22 no han invertido sus reservas técnicas como lo exige la normativa. A esto se suma que adeudan 2,8 billones de pesos a operadores farmacéuticos, a pesar de haber recibido el 90 % de los pagos correspondientes a 202.
En medio de esta situación, la Nueva EPS, con más de 11,5 millones de afiliados, no ha entregado estados financieros certificados desde 2023 y tiene patrimonio negativo. EPS como Sura, Emssanar y Aliansalud sí reportaron utilidades, las cuales fueron reinvertidas.
Por otra parte, 27 EPS reportan gastos administrativos dentro del rango permitido por ley (entre 4 % y 8 %), pero no existe una fórmula clara para calcular ese rubro, y ni el Ministerio de Salud ni la Superintendencia han definido criterios técnicos.
La siniestralidad promedio del sector fue del 110,1 %, es decir, las EPS están gastando más de lo que reciben por cada afiliado. Además, aumentaron en 23,2 % las peticiones, quejas y reclamos (PQR), principalmente por problemas de acceso. Solo la Nueva EPS concentró el 22 % de esas quejas. También se presentaron 175.025 tutelas en 2024 por servicios incluidos en el plan de beneficios, un 35 % más que en 2023.
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