“Aparato represivo sigue totalmente vigente”: lo que expone el último informe de AI sobre Venezuela
La desaparición forzada, las detenciones arbitrarias y las torturas son algunas de las violaciones a los derechos humanos que continuó ejerciendo el chavismo a lo largo de 2025, según el informe anual de Amnistía Internacional. Los parámetros se han mantenido, pese a la salida intempestiva de Nicolás Maduro del poder, afirmó a France 24 la subdirectora regional de la entidad, Valentina Ballesta: "El aparato está ahí, y en el momento en que el Gobierno lo necesite, probablemente lo va a utilizar". La denuncia coincide con otro reporte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual concluyó que en el año anterior se consolidó un "régimen dictatorial" en el país latinoamericano.
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Abr 23, 2026 - 1:15 pm
En Venezuela no cesaron los reportes sobre crímenes de lesa humanidad durante 2025, denunció Amnistía Internacional (AI). “Cientos de personas sufrieron desaparición forzada o detención arbitraria, así como tortura y otras violaciones de los derechos humanos por ejercer alguna forma de oposición o crítica hacia el gobierno”, señaló la entidad en su informe anual de 2025, presentado esta semana en Bogotá.
AI responsabilizó de la perpetuación del régimen opresivo a “los cuerpos de seguridad e inteligencia”, así como a los “grupos de civiles armados para reprimir, silenciar y castigar la disidencia”. Además, denunció “la instrumentalización del Ministerio Público como órgano de persecución política y del poder judicial como brazo ejecutor”.
La organización condenó que los opositores encarcelados tuvieron que afrontar procesos penales “sin garantías judiciales, negándoseles una defensa de su propia elección, el acceso a la información sobre los cargos presentados en su contra o la comparecencia ante un tribunal independiente”.
El texto añade que “al finalizar el año (2025), cientos de personas se encontraban detenidas en régimen de incomunicación”.
La ONG puso el foco en “la impunidad prácticamente total por violaciones de los derechos humanos” en el país, tomando como referencia la investigación de la Corte Penal Internacional conocida como Venezuela I, que a juicio de la entidad apenas ha avanzado.
Si bien el estudio abarca todo el 2025, cuando Nicolás Maduro aún gobernaba, la subdirectora regional de AI para las Américas, Valentina Ballesta, señaló a AFP durante la presentación del informe que “el aparato represivo sigue totalmente vigente”.
Las denuncias de AI corresponden con los señalamientos de otros organismos internacionales contra el Ejecutivo chavista. El más reciente de ellos llegó este jueves 23 de abril desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que concluyó en un informe que 2025 fue el año en el que se consolidó un “régimen dictatorial” en Venezuela.
“Nuestra conclusión es que el aparato represivo en Venezuela sigue totalmente vigente, lo que quiere decir que no se han tomado medidas estructurales, genuinas, para promover un ambiente en el que sea seguro expresar las opiniones disidentes”,concluyó en el plató de France 24 Valentina Ballesta.
La subdirectora regional de Amnistía Internacional resaltó que, si bien “hay una mayor timidez en la forma en la que se ejerce la represión“, las instituciones que permiten la criminalización de la oposición permanecen inalterables. “El aparato está ahí, y en el momento en que el Gobierno lo necesite, probablemente lo va a utilizar, ese es nuestro temor”, manifestó.
El informe elaborado por Amnistía Internacional vuelve a centrar el debate en los presos políticos bajo el chavismo, dos meses después de que la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobara una ley de amnistía para los detenidos por razones políticas.
Esta disposición fue una de las primeras maniobras impulsadas por la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien asumió las riendas del Gobierno tras la sorpresiva detención del líder chavista Nicolás Maduro, capturado en Caracas por las tropas estadounidenses en la madrugada del 3 de enero.
Tras la promulgación de la amnistía, han sido excarcelados más de 760 presos políticos, aunque solo 186 de ellos han recuperado su libertad a través de esa ley, según los datos de la ONG de referencia, Foro Penal. No obstante, la entidad estima que aún permanecen 473 presos políticos en las prisiones venezolanas —entre ellos 87 militares, 46 mujeres y un adolescente—.
“La forma en la que se está aplicando la amnistía nos da cuenta de que sigue vigente la misma discrecionalidad con la cual se reprimía”
Al margen de la disparidad de cifras entre el oficialismo y la oposición, Valentina Ballesta, de Amnistía Internacional, recalcó que “la forma en la que se está aplicando la amnistía nos da cuenta de que sigue vigente la misma discrecionalidad con la cual se reprimía”.
La subdirectora regional de la ONG evidenció la necesidad de “reformas profundas e iniciativas de justicia” antes de hablar de una transición creíble en Venezuela. “Nada de eso ha ocurrido”, zanjó.
Información, transparencia e inclusión: otros derechos estancados
El informe anual de Amnistía Internacional ha señalado otros derechos amenazados por acción u omisión del Gobierno de Venezuela. En ese sentido, la restricción a la labor de los periodistas también preocupa a la entidad, que condenó la detención de 23 comunicadores en 2025, “algunos de los cuales también habían sido inicialmente objeto de desaparición forzada”.
El cerco a los medios de comunicación se trasladó al espectro digital con el bloqueo a varias fuentes de información independientes.
Paralelamente, el estudio concluye que “no se registraron avances en materia de derechos sexuales y reproductivos, concretamente los relacionados con el acceso al aborto y a métodos de planificación familiar. También se registró una “falta de avances” en los derechos de la población LGBTIQ+, acompañada de “una retórica sexista” por parte de las instituciones del Estado.
Por si fuera poco, Amnistía Internacional alertó sobre la “falta de garantía y respeto” por los derechos de las poblaciones indígenas, citando el ejemplo del pueblo yekuana, que sufre violencia debido a la actividad extractivista ilegal asentada en sus territorios del Amazonas.
En este sentido, la ONG subrayó que “sigue suscitando preocupación” los efectos de la minería ilegal y la “devastación ambiental”, así como la carencia de “datos confiables” sobre este sector.
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