Tras haber recibido el aval del Senado, la Cámara de Diputados dio luz verde a la ley, con 62 votos de 88, no solo de los representantes de la coalición oficialista Frente Amplio (FA, izquierda), sino también de la oposición.
La medida se discutió en una sesión extraordinaria que duró unas 10 horas, tras la intervención de cerca de 40 parlamentarios, quienes expusieron sus argumentos a favor y en contra.
La diputada Manuela Mutti, del FA, señaló a Efe que la aprobación de la ley hace que Uruguay avance no solo “en derechos, en democracia” sino también “en posibilidades de realmente tener una sociedad más participativa y más justa y que, sobre todo, apunte a su escalón más débil”.
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La ley establece facilidades para el cambio de nombre de las personas transgénero en el Registro Civil y obliga a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a los gobiernos departamentales, a los entes autónomos y a otras oficinas públicas a destinar, por año, el 1 % de sus puestos de trabajo a esa población.
Uno de los artículos que despertó polémica en la opinión pública y entre los legisladores, es el que establece que los menores de 18 años no necesitan la autorización de sus padres para cambiar su nombre o recibir tratamiento hormonal.
Otro aparte que fue muy criticado es el que dicta que las personas trans, nacidas antes del 31 de diciembre de 1975, que demuestren haber sido víctimas de violencia institucional o privadas de su libertad como consecuencia de las fuerzas de seguridad, tienen derecho a una reparación económica.
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