Todo empezó el miércoles cuando el ministro venezolano de Comunicación, Jorge Rodríguez, acusó de “mentiroso” al presidente Lenín Moreno, en la ONU, cuando aseguró en su discurso del pasado septiembre que a su país llegan 6.000 venezolanos cada día.

“La cifra que manejó, que era de un millón de venezolanos en Ecuador, solamente podría obtenerse si 140 autobuses salen diariamente por 7 años desde Venezuela”, declaró Rodríguez. “Es un mentiroso, y se atreve a mentir (…) porque eso fue lo que le ordenaron para montar la patraña que están montando”, dijo el ministro venezolano.

“Frente a las expresiones ofensivas formuladas por el ministro de Comunicación […] en contra del primer mandatario ecuatoriano, […] el Gobierno ha resuelto expulsar de nuestro país a la embajadora de Venezuela en Ecuador”, indicó un comunicado oficial.

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En la nota se agrega que Ecuador “no tolerará ninguna muestra de irrespeto a sus autoridades”.

Delgado, declarada “persona non grata”, recibió una notificación para abandonar el país en 72 horas, indicó la Secretaría de Comunicación sobre el procedimiento.

Poco después, el Gobierno venezolano anunció la expulsión de la encargada de negocios de Ecuador en Caracas, Elizabeth Méndez, al tiempo que lamentó el roce diplomático, que calificó como “un acto inédito que atenta contra las históricas relaciones de hermandad” entre estos dos países andinos.

Méndez era la jefa de la misión diplomática ecuatoriana en Venezuela, ya que Ecuador ha retrasado la llegada de un nuevo embajador desde que el dictador Maduro criticó en julio un proceso judicial abierto contra el expresidente ecuatoriano Rafael Correa.

Según Venezuela, la tensión bilateral es “consecuencia del nuevo rol que le fue asignado al gobierno ecuatoriano tras la visita del vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, en el cumplimiento del plan diseñado por Washington (…) con el objetivo de forzar un cambio inconstitucional de régimen en Venezuela”.

En la nota, Venezuela rechaza además “la sistemática intromisión en sus asuntos por parte del presidente Moreno”.

Las relaciones entre los dos países comenzaron a deteriorarse desde que Moreno llegó al poder, en mayo de 2017, con una postura más crítica hacia la crisis en Venezuela que la de su predecesor, Rafael Correa.

La salida de la Cancillería en junio de la anterior ministra, María Fernanda Espinosa, ahora presidenta de la Asamblea General de la ONU, promovió también una mayor crítica en el gobierno ecuatoriano hacia el régimen de Maduro.

“Las declaraciones del ministro de Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez, demuestran que ese socialismo corrupto, asesino y mentiroso del siglo XXI todavía vive en Venezuela”, escribió este viernes el secretario Nacional de Comunicación ecuatoriano, Andrés Michelena.

En un comunicado que pone de manifiesto el progresivo deterioro de sus relaciones, agregó que “Rodríguez es de esos venezolanos que avergüenzan a los migrantes que Ecuador abraza y cuida, solidariamente”.

Y tratando de rebatir las acusaciones, aseguró que un millón de venezolanos han cruzado las fronteras de Ecuador y que “300.000 se han quedado”.

“Ellos han huido por responsabilidad de un gobierno nefasto, mentiroso e irresponsable”, subrayó al decir de su colega venezolano: “¡Qué pobreza de ser humano!”.

Al respecto, Venezuela reiteró hoy su postura sobre la “falaz y hostil argumentación” de Moreno, al que señala de agredir “con tendenciosas calumnias la honorabilidad y carácter popular” del Gobierno de Maduro.

Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, atraviesa una profunda crisis económica que se expresa en escasez e hiperinflación, un indicador que el Parlamento, que controla la oposición, estima cierre en cerca de 4.300.000 % este 2018.

Esta crisis ha producido un éxodo de casi 2,4 millones de personas según la ONU, y una crisis migratoria en varios países de la región.

Pese a la crisis bilateral, Ecuador ha asegurado que, “fiel a sus principios democráticos y humanitarios”, seguirá brindando ayuda a los emigrantes venezolanos, “contribuyendo con un esfuerzo económico y social significativo para proteger sus derechos humanos”.