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En el marco legal de Estados Unidos, la reciente apelación en el caso de Sean Combs ha desatado un debate alrededor de la imparcialidad judicial y la proporcionalidad de las sentencias. Los abogados del productor musical, conocido como Puff Daddy, presentaron esta semana una apelación solicitando que el juez encargado, si no concede la libertad a su defendido, al menos considere reducir la sentencia impuesta. De acuerdo con información obtenida por Variety, la defensa considera que la condena de Combs es excesivamente severa, especialmente en comparación con otros casos federales similares.
La abogada Alexandra A. E. Shapiro, responsable de liderar la apelación de 84 páginas revisada por Variety, fundamentó sus argumentos señalando que la sentencia de 50 meses dictada por el juez Aran Subramanian sobrepasa los estándares normalmente aplicados para delitos de este tipo. En el documento, Shapiro acusa al juez Subramanian de haber actuado como un "decimotercer miembro del jurado", adjudicándose atribuciones que no le correspondían y recayendo en una revisión excesiva sobre lo resuelto por el jurado original en el proceso judicial.
La apelación enfatiza que Subramanian fue más allá del veredicto del jurado al concluir que Combs coaccionó, explotó y obligó a sus parejas a sostener relaciones sexuales, además de liderar una supuesta conspiración criminal. La defensa sostiene que estas consideraciones invalidan el resultado legítimo al que debió arribarse durante el juicio. Como se señala en el recurso, “los acusados suelen ser condenados a menos de 15 meses por estos delitos, incluso cuando hay coacción, algo que el jurado no encontró en este caso”.
Según la cobertura de Variety, la sentencia inicial fue producto de un juicio en el que Combs fue hallado culpable de dos cargos relacionados con el transporte para ejercer la prostitución, aunque fue absuelto de los cargos más graves de conspiración para cometer crimen organizado y tráfico sexual. La pena por estos últimos podría haber sido mucho más elevada.
Durante la lectura de la sentencia, en octubre, el juez Subramanian subrayó la influencia que tuvieron en su decisión tanto la violencia ejercida por Combs, como el video divulgado del incidente de 2016 en el cual agredió a su expareja, Casandra “Cassie” Ventura. De acuerdo con el reporte, el juez dirigió unas palabras a Combs, señalando que el mismo poder que empleó para dañar podría ser utilizado a favor de las mujeres, instándolo a hacer buen uso de una “segunda oportunidad”.
Por otra parte, la defensa incluyó en su apelación la idea de que tanto las actividades sexuales consentidas como la grabación de estos actos deberían estar amparadas por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, relativa a la libertad de expresión. Esta línea argumental ya había sido desestimada previamente por el juez Subramanian durante el proceso inicial. En la actualidad, Sean Combs permanece en la prisión federal de Fort Dix, Nueva Jersey, donde cumple una condena cuya fecha de finalización se proyecta para mayo de 2028.
¿Por qué la defensa de Combs argumenta la protección de la Primera Enmienda en este caso?
En la apelación, la abogada Alexandra A. E. Shapiro expone como argumento central que algunos de los actos considerados durante el juicio, específicamente las interacciones sexuales y su grabación, deberían estar cubiertos por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Esta enmienda protege la libertad de expresión, pero su aplicación en este tipo de casos es motivo de intensa discusión jurídica.
La relevancia de este argumento radica en que, si se aceptara que tales actividades constituyen una forma legítima de expresión, podrían quedar fuera del alcance de penalización bajo ciertas circunstancias. Sin embargo, el juez Subramanian ya había rechazado esta línea de defensa, sugiriendo que en este contexto los hechos superan el umbral de libertad de expresión asegurado por la Constitución.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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