La investigación revelada este miércoles, justo cuando Trump ordenó el fin de su cuestionada política de separar a los padres e hijos menores que crucen ilegalmente la frontera, fue realizada por el sitio web informativo Texas Tribune y el Center for Investigative Reporting (CIR).
Entre las infracciones citadas por inspectores del estado de Texas están la falta de atención médica a lesiones, enfermedades y errores en la administración de medicamentos.
Según el informe, más de 70 entidades privadas, en su mayoría grupos religiosos y sin fines de lucro, están contratadas por la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), dependiente del gobierno federal, para cuidar a los niños inmigrantes llegados a Estados Unidos sin sus padres o separados de ellos por las autoridades de inmigración.
Desde 2014, 13 operadores de refugios han enfrentado graves denuncias, pero solo dos han perdido sus contratos con la ORR, indicó el reporte.
Las acusaciones de violaciones y de malas prácticas se remontan a hace dos décadas, antes de que la ORR contratara los refugios, pero también al mes pasado.
Entre las entidades identificadas está Southwest Key Programs of Texas, autodefinida como “una organización nacional sin fines de lucro fundada en 1987 para mejorar las vidas de los niños y sus familias”.
Esta institución opera el albergue Casa Padre, que funciona en Brownsville, Texas, en lo que antes era un supermercado Walmart y que ha aparecido mucho en los medios estadounidenses recientemente por acoger a unos 1.500 inmigrantes separados de sus padres en cumplimiento de la política de “tolerancia cero” hacia la inmigración ilegal anunciada por Trump a principios de mayo.
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El informe dice que los inspectores de Texas encontraron 246 violaciones en otras instalaciones de esta organización.
En un comunicado, la compañía dijo que se encontraron deficiencias en menos del 1% de los estándares evaluados.
El informe menciona más de 100 deficiencias en nueve de sus instalaciones, incluido “contacto sexual inapropiado entre el personal y los niños, castigos duros y fallas en la atención médica”.
AFP
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