En una rueda de prensa que hizo el jueves el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, se esperaba una reacción del gobierno de Joe Biden ante la caída de uno de los hijos de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán más buscados por su país, pero el funcionario se limitó a pedir a los estadounidenses que tomen precauciones si están en Sinaloa.
“No puedo comentar nada sobre el tema. He visto los reportes, pero dejo a las autoridades mexicanas que den los detalles”, respondió el portavoz al ser cuestionado por el arresto.
Price aseguró que el Gobierno estadounidense ha estado siguiendo de cerca “la violencia” ocurrida en Culiacán, capital de Sinaloa, donde ha habido “reportes de tiroteos y bloqueos” y pidió que sigan bajo refugio: “Les instamos a que sigan los noticieros locales para seguir las instrucciones que den las autoridades locales”.
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Sin embargo, la respuesta llegó hasta este viernes a través de John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, quien aseguró que desde EE. UU. se mantuvieron al margen de la operación y dejó todo el crédito a México.
Según Kirby, las autoridades mexicanas estuvieron a cargo de la recaptura de Ovidio Guzmán y no hubo cooperación desde territorio estadounidense, pero no perdió la oportunidad de destacar la detención:
“Es un paso significativo en la lucha contra organizaciones criminales. El señor Guzmán es un traficante clave de fentanilo, ese no es un logro insignificante de las autoridades mexicanas y ciertamente estamos agradecidos por eso”.
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AMLO niega intervención de EE. UU.
En la misma vía, el presidente mexicano negó la participación desde el otro lado de la frontera, y que la captura esté relacionada con la visita de Joe Biden.
“No (participó EE.UU.), ya les expliqué. Es una decisión que se toma y es de rutina. Lo más importante en nuestra estrategia es prevenir que la gente no tenga necesidad de dedicarse a la delincuencia”, dijo en su conferencia diaria cuestionado por la participación de agencias estadounidenses.
“Actuamos con autonomía, con independencia, sí hay cooperación y la va a seguir habiendo, pero las decisiones las tomamos como Gobierno soberano, independiente, y estas decisiones las tomamos en el gabinete de seguridad”, enfatizó el mandatario.
Desde la oposición también se especuló sobre la connivencia del Ejecutivo con el crimen organizado, ante lo que defendió que la operación se realizó con “rectitud e integridad”. “Pueden inventar lo que quieran”, sentenció.
Extradición de Ovidio Guzmán
El Gobierno mexicano ha reconocido que existe una solicitud de extradición en Estados Unidos, que en diciembre de 2021 ofreció 5 millones de dólares por información para su captura, pero ha advertido de que no se extraditará de manera apresurada.
“(La extradición) es un proceso. Se hace la solicitud por parte del Gobierno, en este caso de Estados Unidos, pero se tienen que presentar las pruebas y ya los jueces en México deciden”, refirió López Obrador, en su rueda de prensa diaria. El mandatario insistió en que la extradición no se realizará por la vía rápida.
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Y es que el proceso, será lento, porque el hijo del capo también enfrenta acusaciones penales en México.
La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, detalló que México cuenta con elementos para llevar a Ovidio Guzmán ante los tribunales por delitos contra la salud (narcotráfico) y relacionados con armas de fuego, además de la delincuencia organizada.
“Claro que lo anterior es independiente de lo que resulte en los hechos suscitados en ocasión de su detención”, puntualizó.
Estados Unidos, que presentó la solicitud de extradición en 2019, imputa al narcotraficante delitos que versan sobre la conspiración para la introducción de cocaína y otras drogas a ese país, detalló Rodríguez.
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El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, añadió que, tras poner al detenido a disposición de un juez, el mecanismo de extradición cuenta con un plazo para que el país solicitante presente pruebas penales, que estima que en el caso de Estados Unidos se demorarán entre cuatro y seis semanas.
Una vez puestas dichas pruebas ante las autoridades judiciales, la decisión sobre la extradición correrá a cargo del juez y de la Cancillería que él dirige.
“No es una decisión política, solo de la Cancillería, sino esencialmente del juez, para verificar que los derechos de esa persona se respetan, dado que es un ciudadano mexicano“, comentó.
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