El proceso judicial que enfrenta el expresidente de Perú, Pedro Castillo, volvió a llamar la atención luego de un pronunciamiento de Naciones Unidas. La entidad cuestionó la forma en que el exmandatario fue privado de la libertad y planteó una serie de recomendaciones dirigidas al Estado peruano.
(Vea también: Perú: El expresidente Pedro Castillo es condenado a más de 11 años de prisión por fallido golpe)
La opinión fue emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que, después de analizar el caso, concluyó que la detención del exjefe de Estado no se ajustó a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Por esa razón, instó a las autoridades peruanas a adoptar medidas para restablecer sus derechos.
“El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al señor Castillo inmediatamente en libertad y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”, se lee en el documento.
Entre las recomendaciones del organismo figura la liberación inmediata de Pedro Castillo, así como el reconocimiento de una indemnización por los perjuicios que, según el grupo de expertos, se derivaron de su privación de la libertad. El documento también plantea que el Estado evalúe otras acciones de reparación y evite que situaciones similares vuelvan a presentarse.
Aunque las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria no tienen carácter vinculante, este tipo de pronunciamientos suelen tener peso en el ámbito internacional y hacen parte de los mecanismos de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas.
Castillo permanece detenido desde diciembre de 2022
El exmandatario fue capturado el 7 de diciembre de 2022, luego de anunciar la disolución del Congreso y otras medidas extraordinarias que desencadenaron una crisis política en Perú. Ese mismo día, el Parlamento aprobó su destitución y Dina Boluarte asumió la Presidencia.
Desde entonces, Castillo permanece privado de la libertad mientras enfrenta un proceso por los hechos ocurridos durante esa jornada. La Fiscalía sostiene que el entonces presidente intentó romper el orden constitucional, mientras que su defensa asegura que durante el proceso se vulneraron varias de sus garantías fundamentales.
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