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Las autoridades ecuatorianas continúan trasladando a cientos de presos a la nueva cárcel del Encuentro, en la provincia costera de Santa Elena. La prisión de máxima seguridad busca replicar el llamado “modelo Bukele” para luchar contra el crimen organizado que azota al país desde hace varios años. Sin embargo, el traslado al sitio del exvicepresidente correista, Jorge Glas, desató las primeras críticas, mientras crecen los interrogantes sobre el respeto a los derechos humanos.
A pocos días del referendo en el que los ecuatorianos decidirán si optan o no por la redacción de una nueva Constitución para el país, el Gobierno ecuatoriano expone su nueva herramienta para luchar contra el crimen organizado: la cárcel de máxima seguridad del Encuentro.
Los 300 primeros presos – los “más peligrosos”, según aseguró el presidente Daniel Noboa – fueron trasladados a la cárcel el lunes. Y los traslados continúan: la prensa local informó este martes 11 de noviembre que durante la madrugada salieron unos 17 buses con reos a bordo desde el complejo penitenciario de Guayaquil, con destino hacia el nuevo centro penitenciario.
¿Cuáles son las condiciones del nuevo centro de máxima seguridad? ¿Por qué desde ya hay cuestionamientos sobre su uso? Lo abordamos.
Aislada y con capacidad para más de 700 personas
La cárcel de máxima seguridad del Encuentro se construyó en el entorno poco acogedor y aislado de la región costera de Santa Elena, que también corresponde a una de las zonas más violentas del país.
La cárcel del Encuentro cuenta con una capacidad máxima de 736 reclusos. El sistema penitenciario de Ecuador está actualmente en un 30% por encima de su capacidad, según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI).
“Celdas diseñadas para impedirles tener cualquier contacto o comunicación con absolutamente cualquier persona”
La construcción comenzó en junio de 2024 con un presupuesto de 52 millones de dólares y las obras estuvieron a cargo de la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras, subsidiaria del español Grupo Puentes, que controla la empresa estatal China Road and Bridge Corporation.
El Gobierno ecuatoriano tiene previsto contratar a policías y a militares retirados para encargarse de la seguridad del sitio, y no al personal del SNAI, que enfrenta críticas de corrupción y de mal manejo de las bandas criminales en los otros centros penitenciarios del país.
Según detalló el ministro John Reimberg, la prisión cuenta con “todas las medidas tecnológicas” para que “no pueda ingresar ningún artefacto ajeno a lo que debe existir dentro de este centro carcelario”.
Además, indicó, dispone de “todo lo necesario para la atención médica”, con el fin de evitar que los presos tengan que salir hacia los hospitales.
“Hoy están en celdas diseñadas para impedirles tener cualquier contacto o comunicación con absolutamente cualquier persona”, remarcó.
“Se acabó la fiesta”: Noboa promete ahogar el crimen en las prisiones
Su edificación responde a una voluntad y promesa de campaña del presidente de derecha Daniel Noboa: construir grandes infraestructuras de seguridad, copiando el “modelo Bukele”, en referencia al controveritdo mandatario de El Salvador.
Noboa promete implementar su política de mano dura contra los grupos criminales, que convirtieron Ecuador en uno de los países más violentos de Latinoamérica.
Esta cárcel también fue impulsada por el actual jefe de Estado como respuesta a la crisis de violencia que ocurre dentro de los centros penitenciarios, donde han sido asesinados más de 600 reclusos desde 2021.
“El crimen quería desafiar a Ecuador e iniciar su campaña. Hoy, Ecuador ha respondido con acciones”, insistió Daniel Noboa en un mensaje que se hacia eco del traslado de los 300 primeros presos a la cárcel el lunes.
El nuevo centro de máxima seguridad empezó a recibir presos justo un después de que el pasado domingo 9 de noviembre 31 presos murieran en un motín en la cárcel de Machala, en el suroeste de Ecuador. Los hechos se produjeron en medio de un enfrentamiento entre las bandas Los Lobos y Sao Box, esta última una escisión de la primera que luchaba por el control de la prisión. Según datos del gobierno, 27 víctimas murieron asfixiadas por sus rivales.
El ministro del Interior, John Reimberg, declaró el lunes que la violencia estalló después de que los reclusos se enteraran de su traslado.
“Se acabó la fiesta para ellos, se acabaron las órdenes de las cárceles, de generar violencia y caos (…) Hoy están en celdas diseñadas para impedirles cualquier contacto o comunicación con absolutamente cualquier persona”, declaró Reimberg a una emisora de radio.
La gran mayoría de prisiones de Ecuador están militarizadas desde enero de 2024, cuando Noboa declaró el “conflicto armado interno” para combatir la violencia en el país.
“Se acabó la fiesta para ellos, se acabaron las órdenes de las cárceles… de generar violencia y caos”, también declaró el ministro de Interior John Reimberg entrevistada en una emisora de radio.
¿Cuáles son los cuestionamientos sobre la cárcel insisgnia de Noboa?
El traslado de los prisioneros a la cárcel de máxima seguridad ya genera críticas.
Mientras que el Gobierno ecuatoriano asegura que la cárcel de máxima seguridad está destinada para los criminales “más peligrosos” del país, el traslado del exvicepresidente correista, que tiene un perfil diferente a los demás presos, cuestionan sus abogados.
“Bienvenido al nuevo hogar. Pronto llegarán otros criminales”, escribió Noboa en redes sociales, en un mensaje con tono de burla a Glas, sobre el cual pesan acusaciones de corrupción.
Fotografías de un desaliñado Glas al llegar a la cárcel y dentro de su celda, con el overol naranja que el Gobierno impone a los presos, acompañaban al mensaje.
La abogada de Glas, Sonia Gabriela Vera García, denunció un tratamiento que considera una “humillación institucional”.
“La publicación de imágenes del beneficiario en reclusión, acompañadas de expresiones de burla y escarnio, constituye una violación directa a la orden vinculante de la Corte IDH que prohíbe toda forma de exposición o trato incompatible con la dignidad humana, e impone al Estado el deber reforzado de protección y respeto”, escribió en su cuenta X la abogada.
Además, la militarización de las cárceles ha sido objeto de denuncias por parte de diversas ONG’s ecuatorianas, que reportaron a lo largo de los últimos años casos de violencia, maltrato y hacia tortura por parte de las autoridades penitenciarias contra los presos.
Incluso se han conformado colectivos de ciudadanos, como el Comité de Familiares por Justicias en Cárceles, que denuncian los abusos de las fuerzas del orden dentro de los centros penitenciarios ecuatorianos.
Con EFE, Reuters y medios locales
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