Saab, de ascendencia libanesa y nacido hace 47 años, está relacionado con varias empresas, entre ellas la Group Grand Limited (GGL) que es acusada de vender al Gobierno de Maduro alimentos a precios subsidiados para distribuir en barrios humildes.
Con ese programa, conocido como CLAP, al parecer el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron con “cientos de millones de dólares” y es por esa razón que desde ahora verán congelados todos los activos o bienes inmuebles que puedan tener en Estados Unidos.
Allí entra el oro venezolano, pues por los problemas con la moneda de ese país, Maduro tuvo recurrir a este mineral para pagar contratos como los del CLAP en el 2018, indicó Caracol Radio.
La emisora agrega que el “Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) firmó un contrato con Alex Saab que le permitió al empresario obtener moneda venezolana para que pudiera comprar oro a los mineros locales. Así, los mineros le vendían al precio oficial del mercado en vez del precio del mercado negro, todo por presiones del gobierno”.
El medio explica que luego de refinar el oro en Caracas, era vendido al Banco Central de Venezuela (BVC) y desde ahí se exportaba para Emiratos Árabes Unidos y Turquía. “El gobierno turco depositaba el pago a Venezuela en cuentas que el BVC tenía en país euroasiático”, puntualiza.
Los negocios involucraron a altos funcionarios venezolanos y multinacionales que funcionaban bajo las órdenes de Saab y Maduro.
Pese a que se mantuvo como un empresario de bajo perfil y sin mucha relevancia en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
Sin embargo, la denuncia inicial la hizo el portal dedicado al periodismo de investigación Armando.info, que señaló meses antes que Saab, al parecer, hacía parte entonces de una red de lavado de activos que obtuvo millonarios recursos por la exportación ficticia de alimentos a Venezuela.
El medio venezolano también desveló que en 2011 Saab firmó un contrato con el Gobierno de Hugo Chávez para proveer casas prefabricadas para el plan ‘Misión Vivienda’.
Ante esta situación, Saab demandó a los periodistas del portal por el presunto delito de difamación e injuria, lo que les obligó a huir de Venezuela luego de que recibieran amenazas y su información personal fuese divulgada en las redes sociales, según denunció la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Desde entonces, el paradero de Saab es un misterio y es buscado por las autoridades de Colombia que lo acusan de los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada por haber realizado compras internacionales ilícitas con la empresa Shatex.
Esa compañía, creada en 1998 y liquidada en 2016, estaba dedicada a las exportaciones e importaciones de diferentes productos, entre ellos prendas de ropa que vendían a Venezuela.
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