El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó este viernes que tras un cerco militar fueron detenidos tres pandilleros acusados de su presunta participación en el asesinato de un policía el 16 de mayo.
(Vea también: “Vamos a arrasar”: Bukele despliega más de 5.000 agentes tras el asesinato de un policía)
“Prometimos que pagarían caro por el asesinato de nuestro héroe (policía). Destruimos su clica (célula), arrestamos a sus compañeros, arrestamos a su líder, y hoy, arrestamos a los 3 asesinos”, consignó el mandatario en Twitter. Los ahora detenidos “nunca más volverán a causar terror” en el país, agregó.
Prometimos que pagarían caro por el asesinato de nuestro héroe.
Destruimos su clica, arrestamos a sus compañeros, arrestamos a su líder, y hoy, arrestamos a los 3 asesinos.
Nunca más volverán a causar terror en nuestro país. https://t.co/s5f7zfa3Gw
— Nayib Bukele (@nayibbukele) May 27, 2023
Tras el asesinato el 16 de mayo del agente Maximino Vásquez, Bukele ordenó un cerco con 5.000 soldados y 500 policías en la ciudad de Nueva Concepción, de unos 30.000 habitantes, en el departamento de Chalatenango, unos 80 km al norte de San Salvador.
Los detenidos son José Armando Ochoa Gutiérrez, alias ‘Sapo verde’, Francis Antonio Gómez Calderón, Alias Monkey o mono, y Salvador Enrique Portillo Landaverde, ‘alias C4’, quien fue detenido en territorio guatemalteco.
Cómo es el régimen de excepción en El Salvador
La Policía de Guatemala informó en Twitter que Portillo Landaverde, de 27 años, miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13) fue detenido en la aldea Las Flores del poblado de Asunción Mita en el departamento de Jutiapa, fronterizo con El Salvador.
El fiscal salvadoreño, Rodolfo Delgado, en rueda de prensa informó que han logrado “establecer” que Portillo Lanvaderde “fue quien efectuó los disparos que causaron la muerte” del policía.
En las próximas horas, según Delgado, presentarán ante un tribunal un “requerimiento” contra los detenidos en el que se incluirá el delito de “homicidio agravado” y solicitarán una pena de 30 a 50 años de prisión.
Las autoridades salvadoreñas mantienen una “guerra” contra las pandillas amparado en un régimen de excepción que fue declarado originalmente por el parlamento, a pedido de Bukele, en respuesta a una escalada homicida que cobró la vida de 87 personas, del 25 al 27 de marzo de 2022.
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