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“No posee antecedente penal”, se lee en mayúscula, negrita y subrayado en el octavo renglón de un documento firmado por las autoridades de El Salvador, que doña Gloria Olarte mantiene en el centro de su mesa.
La certificación, la primera hoja que se nota entre una docena de documentos, fue solicitada en mayo de este año por Edwin Andrés Ruiz Olarte, un joven que decidió, por su pareja y por el anhelo de progresar, viajar a El Salvador, el aparentemente enigmático país centroamericano en el que su presidente, Nayib Bukele –quien aspira a reelegirse–, ha decidido recurrir a la mano dura para imponer orden.
“No registra antecedentes”, dice a su vez el segundo renglón de un certificado expedido por la Policía Nacional de Colombia el 22 de julio de este año. En mayúscula. Ese mismo día, el documento fue apostillado, lo que le da valor oficial en El Salvador. Ese día era el segundo en que Edwin Ruiz permanecía detenido, luego de un allanamiento a su casa.
Seis días antes, el 16 de julio, Gloria Olarte y su hijo hablaron en una llamada. Fue la última vez que pudieron charlar. Doña Gloria recuerda esa fecha entre lágrimas, con el corazón tan acelerado como solo una madre lo podría sostener. Detrás de ella, una cartelera marca la añoranza de un pronto, aunque imposible hasta ahora, regreso.
“Yo escríbale y mándele mensajes y nada, y yo… qué raro, si él y yo hablábamos hasta por la mañana, por la tarde. Él ya sabía de mi hora del almuerzo aquí en Colombia y me llamaba a la hora del almuerzo. Hablábamos hasta dos o tres veces en el día”, narra al recordar que su comunicación con su hijo se dificultó, casi tanto como su voz al evocar sus últimas conversaciones.
“Los papeles”, como llama Gloria a los oficios que están colocados frente a ella en la mesa en la que recibe visitas, le dan la razón a su relato, que intenta contar desde el inicio: “Es un muchacho completamente sano que, como puede ver en los papeles, en dos meses y medio tenía todas las cosas bien, sin tener problemas con nada. Tenía todos los papeles en regla”.
Los papeles eran un certificado de antecedentes que en El Salvador se solicita para arrendar una vivienda, un certificado de residencia temporal en Guatemala como estudiante, una copia de su pasaporte, una copia de su libreta militar, una certificación del Sena, su pasaje de ida y un bulto de certificaciones que se volvieron necesarias desde que Edwin resultó aprehendido por la Policía salvadoreña.
Edwin hizo de todo para trabajar mientras estuvo en Colombia. “Hacía ensalada de frutas y era feliz vendiendo ensalada de frutas”, cuenta su mamá, luego de enumerar un listado de quehaceres que iban desde ser auxiliar del Inpec hasta desempeñarse con la aplicación de transporte Picap. Su deseo de salir del país, porque “siempre fue muy emprendedor”, empezó en una búsqueda por encontrarse con su hermana, quien vive en Guatemala. “Él iba y venía”.
Para reforzar sus estudios, empezó a hacer un curso en Guatemala. Allí conoció a Morelia Molina, una ciudadana de El Salvador con quien empezó una relación. “Eso fue en principio del 2022”, intenta rememorar Gloria. El vínculo entre Edwin y Morelia continuó de manera tan estable que este año, en marzo, cuando la abuela paterna del muchacho murió, ambos se quedaron una semana en la casa de Gloria como pareja.
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Ella tuvo que irse primero, pues tenía que retomar su trabajo. Él, por su parte, el 25 de abril, luego de pasar unos días más con su mamá y sus familiares, retornó a Guatemala, con su hermana. Allá se quedó hasta mayo, cuando decidió ir hasta El Salvador con Morelia, con quien iba a formalizarse.
La madre de Edwin, quizás por la inminente falta de intelección de lo sucedido, hace un salto en el tiempo en su diégesis: “Y ya el 20 de julio es cuando lo toman preso”.
“Él estaba en su casa, llega y golpea la Policía y él les abrió. Pero ¿cómo así? ¿La Policía? No, que le esculcaron, le reburujaron todo, a ver qué le encontraban”, repasó Gloria.
“Lo que le encontraron a él: doscientos cuarenta dólares, que era lo que tenía en su sustento porque la hermana le enviaba ayuda –mientras él se rebuscaba, porque no había encontrado trabajo formal ni había puesto el negocio con la novia, como querían ellos allá–, y sus pertenencias”, explicó la mamá del hombre de treinta años que lleva casi cuatro meses preso sin que siquiera se resuelva su situación jurídica.
Las pertenencias de Edwin Ruiz eran, de acuerdo con doña Gloria, “una cadena, un reloj, un anillo, de los cuales le dijeron ‘¿dónde están las facturas?’”. Aún hoy Gloria siente estupor: “¿Sumercé anda con la factura de sus prendas personales? No creo”.
Mientras la madre reclama por ese hecho, esculca entre los papeles para, paradójicamente, dejar ver las facturas. Las facturas que sus hijas –la hermana de Edwin que vive en Guatemala y otra, quien vive en Colombia– recopilaron con la idea de que, si esa era la mayor molestia de las autoridades centroamericanas, al conseguirlas podrían tener al muchacho de regreso, como realmente no ocurrió.
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“Le dijeron que, al no tener eso, las facturas de sus prendas, tenían que ir al… bueno, no sé cómo se llama eso allá, pero un sitio al que tenían que ir para hablar, para ver por qué no las tenía. Lo llevaron allá y, desde ahí, preso se quedó el niño. Nunca más lo volvieron a soltar, desde el 20 de julio”, expresó doña Gloria.
La señora Olarte recordó la palabra, quizás porque lleva semanas tratando de aprender sobre el sistema que mantiene recluido a su hijo: bartolinas, una especie de celda en la que el régimen de Nayib Bukele, quien ya tiene aval para su reelección, que completa varios meses en un prolongado estado de excepción, encierra a reos sin sentencia judicial. Algo así como los CAI o las URI de Colombia.
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“Mientras que a él lo tuvieron en una de esas bartolinas (en San Salvador), a mí la Cancillería me daba información”, indicó Gloria, y añadió que el intercambio de palabras con la diplomacia continuó hasta el 9 de agosto. “Él tuvo una audiencia, de la que por aquí tengo el correo –yo todos esos correos los tengo–, una audiencia especial de desembalaje, no sé qué es eso”.
“Desde cuando lo tomaron preso, a él lo acusaban de agrupaciones ilícitas”, el cargo con el que el Gobierno de Bukele intenta encarcelar a quien el Estado considere miembro de una pandilla –algo así como el concierto para delinquir en Colombia–, “lavado de activos y dizque receptación”, que es quedarse con los bienes que alguien haya adquirido con un delito, pero sin haber hecho parte del delito.
“Pero ya estando en las bartolinas, ahí salió que ya no lo acusaban de lavado de activos, porque él nunca sacó dinero directamente de El Salvador, porque la hermana era la que le enviaba. Lo dejaron solo con agrupaciones ilícitas. ¿Agrupaciones ilícitas? ¡Si él no conocía a nadie allá en El Salvador! A esa muchacha, a la novia, era la única, una persona de familia, de bien, trabajadora”, cuenta Gloria.
El 15 de agosto, la Cancillería le informó a Gloria que al día siguiente su hijo iba a ser trasladado al Penal de Jucuapa, como se le conoce al Centro Preventivo de Jucuapa al que, en medio del régimen de excepción, llevan a todos los extranjeros a los que las autoridades detienen. Desde entonces, Gloria Olarte no sabe más.
De acuerdo con el periódico salvadoreño La Prensa Gráfica, en junio se calculaba que en Jucuapa estaban recluidas 464 personas de Nicaragua, Guatemala, Colombia, Estados Unidos, Taiwán, Uzbekistán y Bangladesh. De ese número, se decía en su momento, al menos veinte personas eran colombianas, como señaló la oenegé Socorro Jurídico.
Hace unas tres semanas, cuando doña Gloria habló con Colprensa por primera vez, la cifra era mayor. De acuerdo con una carta firmada por ella, que busca que llegue al presidente Gustavo Petro para que intente interceder, el número pasó a 33 durante la segunda semana de octubre.
Ahora son más, según le explicó a Colprensa Alejandra Salazar, madre de Santiago Andrés Bolívar, un colombiano de veintitrés años también detenido en El Salvador bajo cargos de agrupaciones ilícitas. Desde la tercera semana de octubre hasta hoy, el dato ascendió a 41, “y podrían ser más, pero hay algunas madres que tienen miedo o no saben qué sucede, dónde están sus hijos”, planteó.
Alejandra, así como Gloria con Edwin, afirma sin vacilación que su hijo es inocente, y se ha convertido en vocera del grupo de 41 madres que intentan que el Gobierno colombiano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encuentren la manera de traer de vuelta a los colombianos presos en Centroamérica.
Edwin Andrés Ruiz Olarte cumplió treinta años en agosto, retenido en El Salvador. En Colombia, Gloria Olarte, quien incluso renunció a su anterior trabajo –por el que tenía que cruzar Bogotá de extremo a extremo– para dedicarse a luchar por su hijo, y las demás viven invadidas por el desasosiego:
¿A sus muchachos les llegó el caro paquete alimenticio que solo pueden enviar cuando tienen posibilidades de mandar dinero a personas que puedan dirigirse a la cárcel? ¿Los abogados habrán podido comunicarse con los muchachos? ¿Estarán juntos, separados? ¿Cuánto más esperarán por una sentencia judicial? ¿Esa sentencia ratificará su inocencia?
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