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Cuatro menores de edad, entre los 11 y 15 años, desaparecieron tras un operativo militar en Guayaquil, en diciembre de 2024, en Guayaquil. Ahora, diez meses después, la Fiscalía presenta su dictamen acusatorio contra 17 militares procesados por el delito de desaparición forzada y el juez a cargo decidió llamarlos a juicio. Es el primer caso de desaparición forzada que llega a esta etapa procesal.
El 8 de diciembre de 2024, los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de 15 y 14 años, Saúl Arboleda, de 15 años, y Steven Medina, de 11, ahora conocidos como ‘Los cuatro niños de Guayaquil’, salieron a jugar fútbol, pero no regresaron.
Fueron detenidos por personal militar en las cercanías del Mall del Sur, en el sector Las Malvinas, en la costera ciudad de Guayaquil, una de tantas urbes militarizadas por el presidente Daniel Noboa como método para enfrentar la rampante violencia criminal.
Luego, habrían sido trasladados a una zona de riesgo sin notificar a ninguna autoridad competente. Tras el silencio gubernamental y versiones contradictorias, el 31 de diciembre las autoridades confirmaron que unos restos calcinados hallados correspondían a los menores desaparecidos.
Aunque el Gobierno ha intentado minimizar el caso y señalar que no se trata de una desaparición forzada, el juez Dennis Ugalde, de la Unidad Judicial Sur Valdivia, acogió los elementos presentados por Fiscalía y llamó a juicio a todos los involucrados. Además, ratificó la prisión preventiva contra los uniformados y las medidas de protección para las familias.
El proceso es contra 17 militares, señalados de participar en el operativo y un militar de alto rango, acusado como cómplice por presuntamente recoger las prendas de las víctimas de una zona rural sin notificar a la Policía ni a la Fiscalía.
El ente acusador incluyó los testimonios de familiares y testigos, las actas de levantamiento de cadáveres y protocolos de autopsia, los registros de cámaras de seguridad de avenidas y peajes, en los que se observa a los militares golpeando a los niños, así como los informes de reconocimiento del lugar, reconstrucción de los hechos e inspecciones oculares.
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Fiscal detalló torturas de militares
Según la versión inicial de los militares, los menores fueron llevados a la zona de Taura, a unos 40 kilómetros de la ciudad donde fueron detenidos, cerca a una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), donde, según ellos, los dejaron en libertad con vida en una zona rural de la localidad.
Sin embargo, tres de los soldados decidieron solicitar una cooperación eficaz y señalaron en una segunda reconstrucción de los hechos que, antes de su desaparición, los niños habían sido golpeados y humillados repetidamente por varios de sus compañeros.
La autopsia de los restos de los menores reveló que recibieron disparos en la cabeza.
Durante la audiencia, uno de los testigos declaró que fue torturado por militares para que inicialmente dijera que había escuchado que bandas criminales se habían llevado a los niños con orden de quemarlos y lanzarlos al río.
En la audiencia, según medios locales, el fiscal a cargo, Christian Fárez, detalló las torturas a las que habrían sido sometidos las víctimas. “Un soldado se puso a boxear con el menor”, contó el fiscal en la audiencia, durante la presentación de pruebas.
Otro episodio, contó el fiscal, fue cuando el cabo primero Jonathan Gaúl G. P. golpeó a Ismael Arroyo. “Se le partió la cabeza al chocarse con la trompetilla del fusil que portaba, causando un trauma a nivel frontal del adolescente”.
El subteniente John Henry Z. E, a cargo de los 16 militares, tomó una correa y comenzó a golpear al niño de 11 años. El fiscal contó que en la carrera se encontraron con un tronco a la mitad del camino. Bajaron a los niños, afirmó el fiscal, y los pusieron en el piso. Uno de los militares “toma su arma dotada por el Ejército ecuatoriano y dispara cerca del oído del niño”.
“El resto de la patrulla pateaban en el piso a los niños”, agregó.
Otro militar los obligó a desvestirse y, completamente desnudos, les hicieron retirar el tronco que obstruía el paso.
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‘Un paso más en la memoria de los niños’
El abogado y defensor de derechos humanos, Fernando Bastías, celebró la decisión del juez de llamar a juicio a los 17 militares por el presunto delito de desaparición forzada.
“Es un paso más en la memoria de los niños de las Malvinas y un recordatorio para las autoridades que siguen ocultando información sobre las otras 43 desapariciones”, escribió Bastías en su cuenta de X.
El Comité Permanente por los Derechos Humanos de Guayaquil, organización que acompañó a las familias en el proceso, exigió que la investigación siga “una línea amplia e integral” y expresó su preocupación por la lentitud en esta investigación.
Sobre el cambio de versión del testigo que aseguró en un primer momento que bandas criminales se habían llevado a los niños, la organización aclaró que no permitirán que “se intente posicionar un relato basado en testigos coaccionados, que de confirmarse evidenciaría un patrón sistemático de encubrimiento institucional dentro de las Fuerzas Armadas en casos de graves violaciones a derechos humanos”.
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Con EFE, medios locales
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