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Este artículo fue curado por pulzo   Dic 11, 2025 - 5:35 pm
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La jueza federal del estado de Maryland Paula Xinis declaró en su orden de este jueves que, “desde su detención ilegal en El Salvador, Ábrego García ha sido detenido nuevamente, también sin la debida autorización legal”. Por eso, decretó que el salvadoreño fuera liberado “inmediatamente”.

Ábrego García, un trabajador metalúrgico que entró a Estados Unidos sin permiso, vivía en Maryland con su esposa, su hijo y dos hijos de ella, cuando fue arrestado.

En marzo fue deportado junto con más de 200 venezolanos y algunos salvadoreños a El Salvador y encarcelado en la prisión de máxima seguridad Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) a pesar de que un juez estadounidense había prohibido su expulsión del país.

Tras una ardua batalla legal con la Administración de Donald Trump, que lo acusa de haber participado en el tráfico de personas y de ser un pandillero, Ábrego fue devuelto en junio a Estados Unidos para enfrentar cargos federales.

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Actualmente, el salvadoreño permanece bajo custodia del ICE en Pensilvania, mientras el Gobierno estadounidense busca la manera de deportarlo a un tercer país africano con el que no tiene vínculo.

La magistrada consideró que “ha permanecido detenido por el ICE para llevar a cabo su expulsión a un tercer país sin que exista una orden de expulsión legal”.

“La conducta de los demandados (el Gobierno de EE.UU.) en los últimos meses desmiente que su detención haya tenido como objetivo fundamental llevar a cabo la expulsión, lo que refuerza aún más la idea de que Abrego García no debe permanecer detenido”, escribió Xinis.

Aunque sea liberado de la custodia del ICE, el salvadoreño sigue sujeto a la libertad provisional impuesta por un juez de Tennesse, a la espera de que se celebre un juicio por tráfico de personas.

El fallo de la jueza Xinis podría significar una dura derrota para el Gobierno de Trump, que había prometido repetidamente que Ábrego García nunca volvería a estar libre en territorio estadounidense.

Al igual que Ábrego, cientos de migrantes fueron acusados, sin pruebas, de pertenecer a pandillas-el Tren de Aragua o MS-13, entre otras-. 

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La Administración de Trump redobla la apuesta

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este jueves que el Gobierno Trump planea recurrir la decisión de la magistrada Paula Xinis.

“La Casa Blanca y el Gobierno se oponen al activismo de una juez que, en realidad, actúa como activista judicial, algo que, lamentablemente, hemos visto en muchos casos en todo el país”, explicó la portavoz.

“Abrego García se encuentra en nuestro país ilegalmente. Está demostrado que es un traficante de personas. Está demostrado que es un pandillero. El Gobierno tiene pruebas de ello y, como ya vieron, el Departamento de Seguridad Nacional emitió un comunicado en el que afirma que continuarán librando esta batalla legal”, afirmó Leavitt.

En tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también calificó la orden de “activismo judicial descarado” por parte de una jueza nombrada por el presidente Barack Obama, un demócrata. “Esta orden carece de cualquier base legal válida, y continuaremos luchando con uñas y dientes en los tribunales”, declaró Tricia McLaughlin, la portavoz del Departamento.

También este jueves, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió con firmeza las duras políticas migratorias de la administración Trump durante una audiencia del comité de la Cámara de Representantes. 

La funcionaria describió a los migrantes como una gran amenaza para el país, lo que justifica una represión que ha resultado en arrestos generalizados, deportaciones y un ritmo vertiginoso de restricciones a los extranjeros.

Un juez está investigando el hecho de que Noem supuestamente permitió el traslado aéreo de los migrantes a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, a pesar de la orden del juez de que los vuelos debían regresar mientras se resolvía una impugnación sobre el uso de la ley por parte de Trump. El juez de distrito de EE.UU. James Boasberg, investiga si hubo desacato penal por parte de los funcionarios de Trump.

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Con EFE, AP y medios locales

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