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Un juez federal de Boston bloqueó el martes la decisión de la administración del presidente Donald Trump de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS en sus siglas en inglés) que protege a cientos de ciudadanos sursudaneses en Estados Unidos.
La medida se produjo tras una solicitud de emergencia presentada por migrantes y grupos de defensa de derechos humanos, que argumentaban que la acción del Departamento de Seguridad Nacional era ilegal y ponía en riesgo inmediato la vida de los beneficiarios.
Suspensión judicial
La jueza Angel Kelley, designada por el expresidente Joe Biden, aprobó una suspensión administrativa que anula temporalmente la retirada del TPS mientras el litigio continúa. Según Kelley, permitir que la medida entrara en vigor antes de que los tribunales evaluaran los méritos del caso habría tenido un “impacto inmediato” sobre los nacionales sursudaneses, privándolos de su estatus legal y exponiéndolos a la deportación.
La decisión se dio tras una demanda presentada por cuatro migrantes junto con la organización African Communities Together, que enfatizó el riesgo humanitario de enviar a estas personas a un país todavía afectado por conflictos.
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Protecciones eliminadas
El Departamento de Seguridad Nacional, que anunció la terminación del TPS el 5 de noviembre, argumentó que la situación en Sudán del Sur ya no justificaba la protección temporal debido a “la renovada paz, la reintegración de nacionales y las mejoras diplomáticas”.
Sin embargo, la demanda sostiene que esta decisión incumple la ley que regula el programa, ignora las persistentes crisis humanitarias y podría estar motivada por discriminación racial, en violación de la Quinta Enmienda.
Esta acción forma parte de un patrón más amplio del gobierno estadounidense, que también busca eliminar protecciones para migrantes de Siria, Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua, generando múltiples desafíos legales en todo el país.
Crisis en Sudán del Sur
Sudán del Sur ha estado sumido en crisis desde su independencia en 2011, con una guerra civil de cinco años que dejó unas 400,000 muertes. A pesar de un acuerdo de paz firmado en 2018, los combates han continuado en varias regiones y la violencia persiste.
En una política igual de controvertida, la administración de Donald Trump había realizado deportaciones este año a Sudán del Sur y a otras naciones africanas como Esuatini, en el marco de acuerdos de tercer países seguros.
Con Reuters
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