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Los detalles de la medida
El gobierno de Estados Unidos implementó una nueva directriz que obliga a los solicitantes de visas tipo F, M y J (estudiantes, visitantes académicos y participantes de programas de intercambio) a mantener sus perfiles de redes sociales configurados como públicos. La medida, que entró en vigor este 18 de junio, tiene como objetivo reforzar los procesos de verificación de antecedentes mediante el análisis del contenido publicado en plataformas como Facebook, Instagram, X (antes Twitter) y TikTok.
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De acuerdo con el Departamento de Estado, los funcionarios consulares deberán examinar cuidadosamente estos perfiles para identificar posibles expresiones de hostilidad hacia el país. Esto incluye contenido relacionado con ciudadanos, cultura, gobierno, instituciones o principios fundacionales de Estados Unidos. También se les ha instruido a detectar cualquier manifestación de apoyo a actividades terroristas, violencia antisemita ilegal o amenazas contra la seguridad nacional.
La autoridad migratoria advirtió que mantener las redes sociales en modo privado podría interpretarse como una forma de evadir controles, lo que afectaría negativamente el proceso de solicitud. Según el gobierno, esta política busca garantizar la seguridad nacional y responder a las expectativas ciudadanas frente al control migratorio.
Reanudan citas para visas tras suspensión temporal
Con la entrada en vigor de esta normativa, los consulados estadounidenses reactivaron la programación de citas para visas estudiantiles y de intercambio, las cuales habían sido suspendidas temporalmente desde el pasado 27 de mayo por orden del secretario de Estado, Marco Rubio.
Esta decisión se alinea con el enfoque migratorio restrictivo promovido por la administración del presidente Donald Trump. En los últimos meses, miles de visados han sido cancelados, incluyendo los de estudiantes extranjeros que participaron en protestas propalestinas contra la ofensiva israelí en Gaza.
Aunque la vigilancia en redes sociales no es una práctica nueva, ya que se aplica a solicitantes de residencia o ciudadanía desde hace más de una década, esta nueva política extiende su alcance de forma más rigurosa a estudiantes y participantes de intercambio, sin limitarse únicamente a quienes han manifestado activismo político en público.
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