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El Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó la petición del Departamento de Justicia para suspender temporalmente el fallo del juez de distrito Brian Murphy, con sede en Boston. Esta decisión afecta directamente la política del Departamento de Seguridad Nacional que permite la deportación de migrantes a llamados "terceros países". Según información recopilada por grupos de derechos humanos, más de 25.000 migrantes han sido deportados bajo esta normativa implementada el año pasado, siendo México el destino principal para la mayoría de ellos. De acuerdo con estos recuentos, alrededor del 80 % de los deportados entre enero de 2025 y agosto de 2026 fueron enviados a territorio mexicano.
La política de deportación a terceros países forma parte de una serie de medidas adoptadas por el gobierno de Donald Trump tras su regreso a la presidencia en enero de 2025, con la meta de intensificar las deportaciones, una de sus prioridades de campaña. Estas acciones incluyeron el traslado de personas a destinos políticamente inestables y de alto riesgo, como Sudán del Sur —país al que el propio Departamento de Estado de Estados Unidos recomienda no viajar debido a inseguridad, secuestros y conflicto armado—, así como Uganda, Guinea Ecuatorial, Liberia y la República Centroafricana.
El conflicto jurídico inició cuando grupos defensores de los derechos de los inmigrantes presentaron una demanda colectiva, argumentando que la falta de notificación previa y la ausencia de oportunidad de audiencia para los afectados violaba los procesos legales básicos. El juez Murphy respaldó este argumento: en febrero de 2025, consideró que la política infringía la ley de inmigración y las garantías de debido proceso reconocidas por la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense, que obliga al Estado a notificar y a permitir la defensa antes de ejecutar medidas que afecten gravemente a las personas.
Pese a esto, el Departamento de Justicia, al solicitar al Tribunal Supremo la suspensión de la decisión de Murphy, defendió que las deportaciones a terceros países son "una herramienta esencial para expulsar a ciertos extranjeros, incluidos algunos de los peores delincuentes extranjeros". Sin embargo, tanto Murphy como organizaciones demandantes y expertos en derechos humanos advirtieron sobre vulneraciones graves: denunciaron que personas protegidas por el propio sistema estadounidense han sido maltratadas, agredidas o incluso desaparecidas luego de ser enviadas a terceros países, que, en varios casos, procedieron a reenviarlas a sus naciones de origen, vulnerando así las garantías de protección.
Por su parte, expertos de las Naciones Unidas (ONU) llamaron al gobierno estadounidense a detener esta práctica, alertando que pone en peligro especialmente a grupos vulnerables como niños, mujeres, personas con discapacidad, víctimas de trata, integrantes de la comunidad LGBT y defensores de derechos humanos.
¿Qué implica la política de deportaciones a terceros países en Estados Unidos?
Esta política permite que el gobierno estadounidense expulse a migrantes a países distintos al de su origen si existen garantías diplomáticas creíbles de que no serán perseguidos o torturados. Sin embargo, la falta de notificación y audiencia previa puso en entredicho los derechos fundamentales de los deportados, tema cuestionado por tribunales, organizaciones civiles y expertos en derechos humanos.
¿Por qué la política de deportaciones a terceros países fue impugnada por tribunales?
La impugnación legal surgió porque la norma permitía deportaciones sin avisar a los afectados ni darles la oportunidad de demostrar el riesgo de persecución o tortura en el destino, lo que viola el debido proceso garantizado en la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y contraviene la protección legal internacional para los migrantes.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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