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El Gobierno de España ha dado un paso considerado histórico al anunciar un decreto de regularización extraordinaria que permitirá que más de 500.000 personas extranjeras, actualmente en situación irregular, legalicen su permanencia en el país. Esta decisión, catalogada como un hito por el propio Ejecutivo, tiene como propósito responder a una realidad social y laboral que ya forma parte del entramado cotidiano en las ciudades españolas, de acuerdo con lo comunicado oficialmente.
Durante la rueda de prensa de presentación del decreto, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, subrayó la importancia de la medida, asegurando que era necesaria para reconocer y dignificar a quienes ya forman parte de la sociedad española. Saiz sostuvo que la regularización otorgará garantías, oportunidades y derechos a los migrantes, quienes hasta ahora se encontraban en una situación de vulnerabilidad y desprotección jurídica.
El procedimiento de regularización, que hace más de dos décadas no ocurría en España, se caracteriza por ser ágil y libre de obstáculos burocráticos que tradicionalmente dificultaban estos procesos. Surge de la alianza entre el Gobierno liderado por Pedro Sánchez y su socio de izquierda, Podemos, y cuenta con el apoyo de diversas organizaciones sociales, religiosas y empresariales.
Según lo estipulado, podrán aplicar a esta medida personas en situación administrativa irregular o solicitantes de asilo, siempre que demuestren haber permanecido en territorio español o haber solicitado protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 y, además, que tengan al menos cinco meses de residencia en el país.
Para acreditar esa estancia, se aceptará una amplia variedad de documentos públicos y privados, incluyendo certificados de empadronamiento, contratos de alquiler, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales y justificantes de envío de remesas. Esta flexibilidad responde a antiguas demandas de organizaciones sociales, ya que muchas personas en situación irregular carecen de acceso a registros oficiales.
Otro de los requisitos esenciales es no tener antecedentes penales ni representar amenaza al orden público. El proceso de solicitud comenzará a principios de abril y estará vigente hasta finales de junio. Una vez presentada la documentación, se suspenderán automáticamente las órdenes de expulsión y cualquier procedimiento de retorno, incluso aquellos vinculados a trabajo sin permiso.
La tramitación garantiza derechos laborales desde el primer día mediante la simple admisión a trámite, y el Estado dispone de tres meses para analizar cada expediente. Si la resolución es favorable, se otorgará una autorización de residencia por un año, renovable según la normativa habitual. Un aspecto relevante contempla la integración familiar, permitiendo permisos de hasta cinco años para hijas e hijos de personas regularizadas.
El decreto, oficializado como Real Decreto, no requiere ratificación en el Congreso, hecho que ha sido criticado por la oposición. El Partido Popular y Vox rechazan la medida, señalando que regularizaciones de este tipo deberían estar vinculadas al empleo y hacerse individualmente. Por el contrario, la Conferencia Episcopal ha valorado la medida como un acto que reconoce la dignidad de los migrantes. No obstante, España cuenta con precedentes: la regularización más significativa se desarrolló en 2005 bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, favoreciendo a más de 570.000 personas.
De este modo, el actual gobierno apuesta nuevamente por la integración paulatina de la población migrante y por un ajuste a la realidad social y económica que, en palabras del Ejecutivo, ya no puede quedar al margen de la política pública.
¿Qué implica exactamente estar en “situación administrativa irregular” en España?
Esta pregunta resulta de especial relevancia ya que el concepto de “situación administrativa irregular” aparece como requisito clave en el decreto de regularización, pero no siempre es comprendido en profundidad. Se refiere a aquellas personas extranjeras que se encuentran en España sin haber obtenido una autorización de residencia o cuyo permiso ha expirado, lo cual las sitúa fuera del marco legal y limita significativamente sus derechos y su acceso a servicios básicos. La falta de regularización puede derivar en dificultades tanto legales como laborales, exponiendo a quienes la padecen a condiciones de precariedad y desprotección, motivo por el cual esta medida busca darles una respuesta definitiva y legitimar su presencia en el país.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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