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Fuentes jurídicas informaron a EFE de que la corte de garantías, en línea con el criterio de la Fiscalía, rechazó la solicitud planteada por la defensa del político catalán de levantar la orden de detención nacional, en tanto el Constitucional resuelve el recurso de amparo que presentó contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la amnistía que el Gobierno español aprobó en 2024.
Desde 2017 Puigdemont está fuera de España, con residencia en Bélgica, para eludir la acción de la justicia española por su participación en el citado proceso independentista.
Sobre él pesa una orden de detención dictada por el magistrado instructor del Tribunal Supremo Pablo LLarena, lo que frena su regreso a España y, de hecho, uno de los principales argumentos del Constitucional es no desautorizar la actuación del juez y evitar actuaciones que puedan avanzar hacia un sentido del fallo.
Pero, además, no atiende el principal argumento del expresidente, al dejar claro que la constitucionalidad de la Ley de Amnistía no implica que se tengan que alzar ya las medidas cautelares.
🔴 La resolución también afecta a los exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig, que al igual que Puigdemont, se encuentran fuera de España https://t.co/LIUenLCdtR
— Antena 3 Noticias (@A3Noticias) January 27, 2026
Puigdemont solicitó el pasado noviembre al Tribunal Constitucional la suspensión inmediata de las órdenes de busca, detención e ingreso en prisión formuladas contra él y pidió que esta suspensión se mantenga hasta que el Tribunal dicte una sentencia firme sobre su recurso al no aplicarle la amnistía.
En su escrito, la defensa de Puigdemont hacía referencia a las conclusiones del abogado general sobre la Ley de Amnistía, que afirman que es plenamente compatible con el Derecho de la Unión.
Por tanto, entendía que el pronunciamiento del abogado general, unido a la declaración de constitucionalidad de la ley, “elimina cualquier fundamento jurídico para mantener viva una orden de detención mientras se tramita el amparo”.
El Tribunal Constitucional también desestimó una petición similar formulada por dos antiguos miembros del Gobierno de Puigdemont, Antoni Comín y Lluis Puig, que también están huidos de la Justicia española
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