Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia.
El Consejo de Ministros de España tiene previsto aprobar el inicio de la tramitación de un real decreto destinado a regularizar de forma extraordinaria la situación de un amplio grupo de personas extranjeras que ya residen en el país. Esta iniciativa surge de un acuerdo entre el partido gobernante, PSOE (Partido Socialista Obrero Español), y la formación política Podemos, según anunció recientemente Irene Montero, secretaria política y eurodiputada de este último. El acuerdo apunta a regularizar la condición administrativa de cerca de medio millón de personas extranjeras en territorio español, ofreciéndoles acceso a derechos fundamentales como la residencia y el trabajo.
De acuerdo con Montero, la propuesta establece que podrán acogerse aquellas personas que hayan ingresado en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que logren demostrar una residencia continuada mínima de cinco meses. Para acreditar esta estancia, se aceptarán diversas formas de prueba, desde el empadronamiento municipal hasta documentos alternativos como informes médicos, contratos de electricidad o certificados de envío de dinero al extranjero. Esta flexibilidad responde a una demanda histórica de organizaciones sociales, pues muchas personas en situación irregular enfrentan obstáculos a la hora de registrarse oficialmente en el padrón municipal, lo cual dificulta su acceso a trámites formales.
Uno de los puntos más relevantes del proceso es que la sola admisión a trámite de la solicitud otorgará inmediatamente una autorización de residencia y trabajo por un año. Además, esta autorización suspenderá cualquier procedimiento de retorno o de expulsión administrativa motivado por la falta de permisos de residencia o de trabajo. Al finalizar ese periodo inicial, la persona interesada podrá solicitar una autorización ordinaria conforme a lo establecido en el reglamento de extranjería.
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han declarado que el principal objetivo del decreto es salvaguardar los derechos y proporcionar seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España. Además, al tramitarse como un real decreto, el gobierno evita depender de la aprobación parlamentaria, superando así posibles bloqueos por la falta de consensos políticos en materia migratoria.
Este mecanismo no es nuevo en la historia reciente del país. Desde la década de los ochenta hasta la actualidad, tanto gobiernos socialistas como del Partido Popular (PP) han aprobado al menos ocho procesos extraordinarios enfocándose, entre otros fines, en reducir el número de ciudadanos extranjeros sin derechos y combatir las prácticas laborales informales.
El centro de análisis Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorros) aportó datos recientes, informando que la población migrante en situación irregular en España alcanza actualmente las 840.000 personas. El perfil mayoritario corresponde a nacionales de países americanos, representando el 91 % del total, con destacada presencia de colombianos (290.000), peruanos (110.000) y hondureños (90.000). En menor medida, se registran personas procedentes de África, Asia y Europa. Estas cifras anteceden a la reforma del reglamento de extranjería que entró en vigor en mayo de 2025, la cual incorporó medidas para facilitar la regularización por la vía del arraigo.
¿Qué implica el arraigo en el contexto de la regularización migratoria en España?El concepto de “arraigo” se refiere en este contexto a los mecanismos establecidos dentro del reglamento de extranjería español que permiten la regularización de personas extranjeras que acreditan una permanencia continuada en España, estableciendo lazos sociales, laborales o familiares. La última reforma de mayo de 2025 introdujo cambios para facilitar este proceso, buscando ofrecer alternativas ajustadas a la realidad migratoria del país.
Esta cuestión es relevante porque el arraigo se convierte en una de las vías principales para quienes quedan fuera de las regularizaciones extraordinarias, representando una opción para quienes no logran documentar fehacientemente su ingreso o residencia, pero llevan tiempo integrados en la vida cotidiana, laboral o familiar en España. El debate sobre sus requisitos y alcances es clave al tratar temas de inclusión y derechos de la población migrante.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
