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El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump aumentó este jueves a 50 millones de dólares la recompensa por “información que conduzca al arresto” del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, a quien acusa de colaborar con organizaciones de narcotráfico y de haber “estrangulado la democracia”.
“Es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional”, acusó la fiscal general Pam Bondi en un vídeo subido a su cuenta de la red social X.
Caracas no tardó en reaccionar.
“La patética ‘recompensa’ de Pamela Bondi es la cortina de humo más ridícula que hemos visto”, declaró el canciller venezolano Yván Gil en un mensaje en Telegram.
Bondi acusa al mandatario venezolano de utilizar “organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, (el cartel de) Sinaloa y el Cártel de los Soles para introducir drogas letales y violencia” en Estados Unidos.
Hasta la fecha, la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) “ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus cómplices, con casi siete toneladas vinculadas” al propio líder chavista, precisa Bondi.
Es la “fuente principal de ingresos” para los cárteles con sede en Venezuela y México, añade Washington.
“No escapará”
Bondi asegura que la cocaína suele estar mezclada con fentanilo, un opioide sintético que causa estragos en Estados Unidos.
El Departamento de Justicia “ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluyendo dos aviones privados, nueve vehículos y más”, prosigue la fiscal general.
“Por lo tanto, hemos duplicado su recompensa a 50 millones de dólares. Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará de la justicia y responderá por sus atroces crímenes”, insiste.
“El régimen de terror de Maduro continúa”, añade Bondi sobre el líder chavista, cuya reelección desde 2018 es considerada fraudulenta por Washington.
La secretaria de Justicia da un número de teléfono y pide información “para llevar a este criminal ante la justicia”.
En un comunicado, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirma que desde 2020 “Maduro ha estrangulado la democracia y se ha aferrado al poder”.
“Afirmó haber ganado las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024, pero no presentó ninguna prueba de ello”, añadió.
Estados Unidos “no lo reconoce como presidente de Venezuela”, recalca Rubio.
“Propaganda política”
Para el gobierno de Maduro es una “operación de propaganda política”
“Su show es un chiste, una desesperada distracción de sus propias miserias. La dignidad de nuestra patria no está en venta. Repudiamos esta burda operación de propaganda política”, afirmó el canciller.
Estados Unidos y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas desde el primer mandato de Trump (2017-2021).
En 2020, Estados Unidos acusó formalmente a Maduro de “narcoterrorismo” y conspiración para traficar drogas y ofreció 15 millones de dólares por información que permitiera capturarlo.
La administración del expresidente demócrata Joe Biden subió la cantidad a 25 millones.
La presentación de cargos contra un mandatario extranjero por parte de Washington es inusual pero ya lo hizo en 1988 contra el entonces presidente de Panamá, Manuel Noriega, antes de invadir el país para derrocarlo.
Tanto el gobierno de Biden como el de Trump reconocieron como “presidente legítimo” de Venezuela al opositor Edmundo González Urrutia, quien reclama el triunfo en las elecciones de 2024.
La Casa Blanca acusa al chavismo de mover los hilos de la banda criminal Tren de Aragua, declarada por Washington organización “terrorista” global, lo que no le ha impedido enviar a emisarios a negociar con altos cargos venezolanos la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela.
En julio Rubio anunció la liberación de 10 estadounidenses detenidos en Venezuela en virtud de un acuerdo alcanzado con la ayuda de El Salvador.
La hostilidad de Trump hacia Maduro se remonta a su primer mandato.
En 2019 el republicano reconoció al jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, “presidente interino” de Venezuela e impuso una batería de sanciones, incluido un embargo petrolero, en una fallida estrategia de presión para intentar provocar la caída de Maduro.
La propia oposición venezolana puso fin al simbólico gobierno interino de Guaidó en enero de 2023.
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