Aureliano Guzmán Loera, hermano de Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, y los hermanos Ruperto, José y Heriberto Salgueiro Nevárez están acusados de asociación para distribuir marihuana, cocaína, metanfetamina y fentanilo.
Los cuatro operan en los estados mexicanos de Chihuahua y Sinaloa. En este último nació el cartel y ha sido por mucho tiempo un centro de contrabando de marihuana y amapola en el país.
Una de las acusaciones del Departamento de Justicia versa sobre el tráfico de fentanilo, responsable de más del 63% de las 96.779 muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos entre marzo de 2020 y 2021.
La recompensa de hasta cinco millones de dólares por cada uno entra dentro del Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP) del Departamento de Estado.
Más de 75 delincuentes transnacionales y narcotraficantes importantes han sido llevados ante la justicia bajo el NRP y el Programa de Recompensas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (TOCRP) desde 1986 y el Departamento de Estado ha pagado más de 135 millones de dólares en recompensas por información que condujo a arrestos.
Entre los principales líderes del cártel de Sinaloa figuran Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, quien actualmente cumple una condena a cadena perpetua en Estados Unidos, Ismael ‘Mayo’ Zambada, quien se encuentra prófugo, y los hijos de Guzmán (Joaquín, Ovidio, Iván y Jesús Alfredo), a quienes se les conoce como ‘Chapitos’.
Según la organización Insight Crime, el cártel opera en 17 estados mexicanos y en por lo menos 50 países. Su principal rival es el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación.
Estados Unidos critica a Petro en la ONU y evalúa si continúa apoyo a Colombia en el Acuerdo de Paz
Estados Unidos lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro durante la más reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se presentó el informe trimestral sobre la paz en Colombia. El representante estadounidense, Mike Waltz, acusó al Gobierno de usar “retórica incendiaria” y de impulsar políticas que, según Washington, socavan los avances hacia una paz duradera. Además, cuestionó la ampliación del mandato de la Misión de Verificación, señalando que se ha desviado de su objetivo inicial —la desmovilización de las Farc— para centrarse en lo que calificó como “prioridades políticas excesivas”, como la JEP y el apoyo a minorías étnicas.
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