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Más de 3.000 soldados han sido desplegados en la cárcel de Guayaquil, donde Fito cumple desde 2011 una condena de 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. Vestidos con pantalones cortos y sin camisa, los reclusos fueron obligados a tumbarse en el suelo mientras comenzaban los registros.
Los soldados llegaron a mover las planchas de zinc que cubrían los techos y aprovecharon para destruir las antenas metálicas que permitían a los detenidos utilizar sus teléfonos móviles y transmitir sus instrucciones a sus cómplices en el exterior.
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Pero Adolfo Macías no ha sido encontrado… El gobierno ni siquiera está seguro de la fecha de su fuga, informa nuestro corresponsal en Ecuador, Eric Samson. Mientras estallaban los disturbios en media docena de cárceles del país, el presidente Daniel Noboa salió de su silencio, que muchos empezaban a criticar. “Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar”, expresó el mandatario en su cuenta en Instagram.
“Nosotros no vamos a negociar con terroristas ni descansaremos hasta devolverles la paz a los ecuatorianos”, agregó Noboa, quien asumió el poder en noviembre pasado.
Noboa pidió el apoyo de la ciudadanía, y sostuvo que “las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz”.
Es una forma indirecta de pedir a los ecuatorianos que voten a favor del próximo referéndum, que estará dedicado en gran parte a la seguridad en un país sometido actualmente a un toque de queda de sesenta días, de 23h00 a 5h00.
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Luego de la declaración del estado de excepción, al menos cuatro policías fueron secuestrados.
El pasado mes de agosto, Adolfo Fito Macías fue trasladado de la Cárcel 8 de Guayaquil a La Roca, una prisión de alta seguridad con sólo 150 reclusos, y luego trasladado de nuevo a la prisión capitalina de El Inca. A continuación, varios líderes de bandas fueron trasladados a prisiones supuestamente más seguras, lo que provocó motines.
La operación se llevó a cabo bajo fuertes medidas de seguridad, pocos días después del asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia. El político había acusado al narcotraficante de amenazarlo de muerte.
Ya en diciembre, una vasta operación policial condujo a la detención de cerca de 30 jueces, fiscales y policías por vínculos con narcotraficantes. Entre los detenidos se encontraban el Presidente del Consejo de la Magistratura y numerosos jueces y policías.
La operación, denominada “Metástasis”, se produce pocos días después de que el embajador de Estados Unidos en Ecuador hiciera unas declaraciones sobre el grado de penetración del narcotráfico en el país. En particular, en los clubes de fútbol y en los medios de comunicación.
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