La resolución de la Corte Constitucional desató el júbilo de grupos LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales) y activistas de derechos humanos en el sector de la plaza Foch, en el centro moderno de Quito, así como en el puerto de Guayaquil.

Pero también generó la reacción en contra del sector conservador. La política de derecha Poly Ugarte estimó que el máximo tribunal “NO puede cambiar la Constitución, debe haber una reforma”.

“Si quieren ideología de género, matrimonio igualitario o aborto, VAMOS a una consulta popular. Decisiones que afecten a nuestra vida y familia deben ser consultadas al pueblo”, señaló la exdiputada y activista de la lucha contra el cáncer de mama a través de su cuenta en Twitter.

En la Foch, varias decenas de personas ondeaban una gigante bandera arcoíris del movimiento LGBTI, mientras Pamela Troya y Gabriela Correa, quienes mantienen una relación de pareja desde hace una década, se unían simbólicamente en matrimonio.

La pareja de mujeres impulsaba el matrimonio igualitario desde 2013.

Seis años después festejaron. Sobre sillas, y en plena calle, Troya le dio el “sí, acepto” a su pareja: “Hoy te doy un sí, un sí grande, un sí gigante, quiero ser tu esposa”, dijo desatando gritos de alegría de otros homosexuales, que se abrazaban y daban besos.

Con cinco votos a favor y cuatro en contra, la Corte Constitucional aprobó el matrimonio civil entre personas del mismo sexo en una sesión reservada, según informó el tribunal en un comunicado.

Al expresar su opinión disidente en el mismo fallo, los jueces que se opusieron sostuvieron que la “vía adecuada para reconocer el matrimonio igualitario es el procedimiento de reforma constitucional que le compete a la Asamblea Nacional”.

“El pronunciamiento es obligatorio en el país porque las decisiones de la Corte Constitucional obligan a las autoridades ecuatorianas” a acatarlas, dijo a la AFP el constitucionalista Gustavo Medina.

La resolución “es vinculante y obligatoria”, por lo que “tendrá que aplicarse en el país”, enfatizó Medina, expresidente de la Suprema Corte de Justicia y exprocurador del estado.

En 2015, ya había dado un primer paso al validar la unión de hecho de parejas del mismo sexo mediante una reforma al código civil.

La Corte Constitucional se pronunció a favor del matrimonio homosexual al examinar las demandas de dos parejas de hombres que alegaban el derecho a contraer matrimonio ante las autoridades civiles. Una de esas parejas la integran Efraín Soria y Javier Benalcázar.

Quiero saludar a Javier, está en Guayaquil. Mi vida, te amo“, exclamó Soria a la prensa en Quito.

Agregó sentirse alegre por “poder alcanzar la igualdad” y animó a los homosexuales a no esconderse más y “disfrutar de esa dicha de ser iguales que cualquier otro”.

Para Christian Paula, abogado de la Fundación Pakta, que asesora legalmente a casi una decena de parejas del mismo sexo que buscan casarse en el país, la decisión de la corte “implica que Ecuador es más igualitario, es más justo que ayer, que se reconoce que los derechos humanos deben caber para todas las personas sin discriminación”.

En 2008, el entonces presidente Rafael Correa sacó adelante una nueva Constitución, de corte socialista, que ratificó el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, dando continuidad a la versión anterior de la Carta Magna.

También prohíbe la adopción para parejas del mismo sexo.

Sin embargo, los jueces constitucionales se acogieron a principios “favorables a la igualdad de la persona” y en rechazo a “todo tipo de discriminación”.

En medio de la celebración de la comunidad LGBTI y la familia diversa, Troya, quien es vocera de la campaña Matrimonio Civil Igualitario Ecuador, recordó que “ha sido un camino muy duro, muy largo, difícil también“.

“Finalmente hoy es un día histórico para el Ecuador porque es un poco más justo e igualitario”, afirmó la activista.

En agosto pasado y después de seis años de luchar contra el prejuicio, una pareja de lesbianas inglesas logró inscribir legalmente en Ecuador a sus dos hijos con el apellido de ambas tras un fallo del ente constitucional.