El pequeño Gabriel desapareció el 27 de febrero de 2018 en la pequeña población de Las Hortichuelas, a pocos kilómetros de las paradisíacas playas del Cabo de Gata de Almería, después de haber estado en casa de su abuela.

Durante doce días se desplegó un dispositivo de búsqueda del menor, hijo único de padres separados, cuyo cadáver finalmente se encontró en el baúl del auto de Quezada, nacida en República Dominicana, con síntomas de haber sido asfixiado, según la documentación judicial.

Los investigadores sospecharon de la madrastra después de que fuera ella quien encontrara una camiseta del niño a cuatro kilómetros de donde desapareció, en una zona que ya había sido batida en dos ocasiones.

El comandante de la Guardia Civil en Almería Juan Jesús Reina describió a la latina en 2018 como “una persona con una frialdad máxima (…) posesiva, egocéntrica” y “bastante manipuladora”.

Si la desaparición del pequeño Gabriel y la desesperación de sus padres conmovieron España, el presunto papel de su madrastra despertó coléricas reacciones contra ella.

El juicio comenzó con la conformación del jurado popular y deberá seguir con la declaración de Ana Julia Quezada, quien ya confesó los hechos durante la investigación y que enfrenta condena de prisión permanente revisable, la máxima condena que contempla la ley española que y supone el cumplimiento íntegro de entre 25 y 35 años de cárcel dependiendo del delito.

Sin embargo, la defensa de la acusada, que llegó esposada y seria al tribunal en medio de un fuerte despliegue de seguridad, califica el suceso como un homicidio imprudente. En cambio, la fiscalía y la acusación particular lo entienden como un asesinato con alevosía y reclaman para ella la máxima pena posible.

El proceso se alargará hasta el 18 de septiembre y se hará a puerta cerrada a petición de los familiares del niño, que quieren minimizar la exposición mediática del juicio.