Con el argumento de mantener el orden público en el país, Jeanine Áñez autorizó el documento, que, según la CIDH, “desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta”.
El organismo internacional denunció que esa norma exime a las fuerzas armadas de responsabilidad penal al participar en los operativos, que ya han dejado 23 personas muertas y 715 personas heridas desde el inicio de la crisis institucional y política.
La @CIDH alerta para el Decreto Supremo No. 4078 sobre actuación de FF.AA. en #Bolivia, de fecha 15 de nov 2019. El Decreto pretende eximir de responsabilidad penal al personal de FF.AA. que participe en los operativos para reestablecimiento y estabilidad del orden interno. (1/3) pic.twitter.com/297pEsNTVd
— CIDH – Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@CIDH) November 16, 2019
La CIDH condena cualquier acto administrativo del gobierno de #Bolívia que atente contra el derecho a la verdad, la justicia y al derecho internacional de los DDHH, particularmente en el contexto de actuaciones de Fuerzas Armadas en las protestas sociales. (3/3)
— CIDH – Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@CIDH) November 16, 2019
Estos datos actualizados se refieren a víctimas en choques entre cocaleros afines a Evo Morales y fuerzas del orden el pasado viernes cerca de la ciudad de Cochabamba, en el centro de Bolivia, en la jornada más trágica desde el comienzo de la crisis.
Evo Morales, que está asilado en México, escribió en Twitter que las víctimas mortales en estos disturbios son doce, sin citar fuentes.
🔴 CIDH actualiza las cifras de víctimas en #Bolivia: desde ayer son 9 fallecidos y 122 heridos desde la represión combinada de la policia y fuerzas armadas. Se totaliza por lo menos 23 personas muertas y 715 personas heridas desde el inicio de la crisis institucional y política. https://t.co/y9LIbOITRT
— CIDH – Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@CIDH) November 17, 2019
El ejecutivo de Áñez respondió que no supone una “licencia para matar” y se enmarca en la Constitución y las leyes del país porque establece que serán eximidos solo si actúan “en legítima defensa o en estado de necesidad” y bajo criterios de “legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”.
La Defensoría del Pueblo de Bolivia advirtió que recibe denuncias “sobre posible implantación de evidencias con el fin de incriminar a personas en actos delictivos” por parte de la Policía.
“Es importante que la Dirección General de Investigaciones Internas (DIGIPI) en una señal de transparencia pueda investigar estos hechos y establecer sanciones”, añadió en Twitter.
Bolivia atraviesa una de las peores crisis políticas y sociales de su historia reciente, desde que el día siguiente de las elecciones comenzaron las denuncias de fraude en los comicios tras los que Morales fue luego proclamado vencedor para un cuarto mandato consecutivo.
El que fuera presidente del país durante casi catorce años anunció el pasado domingo su renuncia tras un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre graves irregularidades en los comicios, lo que sumió al país en el caos.
Morales salió al día siguiente hacía México y el martes pasado Áñez, una senadora hasta entonces opositora, asumió el poder de forma provisional hasta unas nuevas elecciones.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, expresó en la misma red social que “duele tanta violencia, duele la muerte, Bolivia merece vivir en paz”.
Áñez y Morales se cruzan reproches por la violencia en Bolivia, donde policías y militares mantienen desde el pasado lunes operativos conjuntos para mantener el orden.
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