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La Corte Suprema de Justicia de México ordenó la traducción al idioma zapoteco de una ley para luchar contra la violencia hacia las mujeres. Se trata de un acto de justicia para las comunidades indígenas que aún viven marginadas en el acceso a la justicia, y en este caso para las mujeres zapotecas que podrán conocer sus derechos, pues muchas sólo hablan el zapoteco, uno de los 68 idiomas indígenas de México.
Es un acto histórico para las zapotecas. Con esta ley ahora pueden consultar en su idioma la ley que les asegura el derecho a tener una vida sin violencia.
La iniciativa fue llevada a la Corte Suprema de Justicia por María Fernanda Hernández Morales, una joven zapoteca, estudiante de derecho y militante, y cuyo principal argumento fue destacar que leer las leyes en su propio idioma no debía ser un privilegio sino un derecho, una condición para que las mujeres indígenas puedan gozar sus derechos y vivir sus vidas sin violencia.
El fallo le dio la razón a la joven estudiante de derecho. Ahora esta ley estará disponible para ser difundida en zapoteco a través de medios escritos, audiovisuales e informáticos de tal manera que pueda llegar a todas las personas que la requieran. La Corte de Justicia también justificó su decisión recordando que la constitución mexicana y los tratados internacionales obligan a traducir las normas jurídicas a las lenguas indígenas, especialmente cuando se trata de un derecho humano.
Zapotecas
El pueblo zapoteco mantiene vivo su idioma desde tiempos prehispánicos y se calcula que cerca de medio millón de personas lo hablan y, al igual que en otros pueblos indígenas, hay personas que sólo hablan su idioma materno.
Con esta decisión la instancia judicial más importante del país abrió la puerta para que otras leyes sean traducidas al zapoteco, pero también para que se traduzcan códigos, leyes y reglamentos a los otros 67 idiomas indígenas que se hablan en México.
La Corte consideró que esto era insuficiente y discriminatorio, pues limitaba el acceso pleno a los derechos que la ley otorga a las mujeres indígenas, y señaló que que sí existe una obligación constitucional y convencional (en tratados internacionales y la Constitución) de traducir normas jurídicas a las lenguas indígenas, como parte del derecho a la lengua propia, especialmente cuando se trata de derechos humanos.
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