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El pasado 7 de noviembre, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió al presidente Donald Trump suspender temporalmente una orden judicial que lo obligaba a financiar el programa de asistencia alimentaria (SNAP) durante el cierre del Gobierno. La decisión deja en la incertidumbre a unos 40 millones de beneficiarios y agrava una crisis que ya afecta a agencias federales, programas sociales y al transporte aéreo del país.
En Estados Unidos, la financiación del programa de asistencia alimentaria (SNAP, por sus siglas en inglés) sigue en vilo. El pasado viernes 7 de noviembre, la Corte Suprema permitió al presidente Donald Trump suspender temporalmente una orden judicial que obligaba a su Administración a financiar completamente el SNAP durante el cierre del Gobierno.
La jueza Ketanji Brown Jackson, encargada de las apelaciones de emergencia del Supremo en Washington, emitió una “suspensión administrativa” que, por ahora, pausa el cumplimiento de una orden de un tribunal inferior en Rhode Island. Dicha orden exigía transferir 4.000 millones de dólares antes de que terminara el día para garantizar los pagos completos del mes de noviembre.
La suspensión permanecerá vigente hasta dos días después de que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston, se pronuncie sobre la solicitud de la Administración de detener la orden del juez de distrito John McConnell, que obliga al Departamento de Agricultura a pagar el monto total de los beneficios del SNAP, los cuales ascienden a entre 8.500 y 9.000 millones de dólares mensuales.
La medida deja en incertidumbre a unos 40 millones de beneficiarios que dependen del programa para cubrir sus necesidades básicas en materia de alimentación.
Esta disputa se ha convertido en uno de los principales frentes legales del actual cierre de Gobierno —el más largo en la historia del país—, que ha paralizado agencias federales y afectado el financiamiento de diversos programas sociales.
El SNAP suspendió la distribución de ayuda alimentaria después de que el gobierno republicano, a través del Departamento de Justicia, acudiera a la Corte Suprema para revertir la orden judicial previa, argumentando que no puede ejecutar fondos mientras el Congreso no los haya asignado.
Un fallo “absurdo”
La Administración Trump había acudido al Supremo para que decidiera si debía o no acatar la orden del tribunal inferior. Al respecto, la fiscal general, Pam Bondi, calificó la decisión del tribunal de Rhode Island como “activismo judicial”, mientras que McConnell buscaba asegurar la financiación de los cupones alimentarios antes del fin de semana.
Por su parte, un día antes, el presidente calificó el fallo judicial como “absurdo”. Según el republicano, “un juez federal nos está diciendo qué tenemos que hacer en medio de un cierre del Gobierno demócrata”, declaró durante una rueda de prensa de 14 minutos en la Casa Blanca.
El mandatario también afirmó que intentará mantener los servicios esenciales mientras espera que “los demócratas reabran el Gobierno”, ya que durante los más de 30 días de cierre ha responsabilizado al partido opositor de no alcanzar acuerdos en el Senado para reactivar las operaciones federales con normalidad.
El impacto del cierre federal
El SNAP atiende en promedio a unos 41,7 millones de personas al mes —cerca del 12,3 % de la población estadounidense— y desde hace una semana se quedó sin fondos debido al cierre de Gobierno.
Pero los efectos del cierre también impactan de manera directa en la aviación comercial y de carga. Desde el pasado viernes, 40 aeropuertos en Estados Unidos indicaron que reducirían su capacidad, como parte de un ajuste gradual hasta alcanzar el 10% a finales de la próxima semana si el Senado no logra un acuerdo de financiamiento temporal.
A propósito, tres de las principales aerolíneas estadounidenses anunciaron que aproximadamente 700 vuelos se cancelarán para cumplir con el recorte de actividad. Southwest Airlines tenía previsto cancelar 100 vuelos este sábado y otros 150 el domingo, en 24 aeropuertos del país.
Por su parte, United y American Airlines, las principales aerolíneas de Estados Unidos, informaron que cada una cancelará 220 vuelos nacionales durante el fin de semana, con el objetivo de priorizar la capacidad disponible en los vuelos internacionales.
Con Reuters, AP y EFE
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