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Pese a las polémicas y a una investigación judicial en curso, el Parlamento serbio aprobó el 7 de noviembre una ley especial para agilizar la construcción de un hotel de lujo en el lugar donde se alza un edificio militar, vestigio del modernismo yugoslavo y bombardeado por la OTAN en 1999. El proyecto, que reabrió heridas de las fratricidas guerras de los noventa, ha sido fuertemente impulsado por la coalición del presidente Vučić, también en pro de mejorar la relación con el Gobierno Trump.
El arquitecto Miljan Salata está que no puede consigo del enojo. Hoy ni ha ido a trabajar. Delante del Parlamento serbio, en medio de un bullicio de abucheos y pitidos, sus colegas también aguantan un cartel que reza ‘No lo entreguemos‘. Quizá luego, cuando baje el sol, trasladen la movilización a otro sitio. Los ánimos ya están muy caldeados y no hay quien apague la tensión. La razón: un millonario plan de un yerno de Donald Trump, Jared Kushner, que pretende levantar un suntuoso complejo inmobiliario, en el lugar donde ahora se encuentra el Генералштаба (Generalštaba), un icónico edificio militar en el centro de Belgrado.
“Lo quieren derribar. Así van a destruir uno de los últimos ejemplos del modernismo yugoslavo, situado en la zona donde además el estadista Miloš Obrenović proyectó el núcleo administrativo del país, y para construir un hotel”, denuncia Salata. “Todo es un escándalo. Porque ese edificio es un edificio protegido y el Gobierno ha estado presionando a las instituciones para que no respeten la legislación serbia. Todo el procedimiento se llevó a cabo de forma ilegal”, dice. “Y lo que tal vez es peor: están jugando con algo que es profundamente traumático para el pueblo serbio, porque el Generalštaba era la sede del Estado Mayor yugoslavo [gravemente dañado durante el bombardeo de la OTAN contra Serbia en 1999], y hoy es una memoria de todo lo que sufrimos”, continúa.
La reciente decisión de legisladores de la formación del presidente Aleksandar Vučić de poner el asunto en la agenda del Parlamento ha sido lo último que ha incendiado la polémica. La discusión, que comenzó esta semana, ha partido de la propuesta de seguir adelante con el proyecto a través de la aprobación de una “lex specialis (ley especial)”, una medida extraordinaria para agilizar los trámites y modificar el estatus del edificio de ‘protegido’ a ‘no protegido’. Lo que abriría la puerta al gran plan inmobiliario de Kushner, marido de Ivanka Trump. Algo que los contrarios han tildado de “grave violación de la Constitución y del Estado de derecho en Serbia”, según han argumentado el Consejo de Arquitectos de Europa (ACE), el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) y las organizaciones Docomomo International y Europa Nostra, parte de una red de unos sesenta grupos serbios e internacionales (integrados también por urbanistas, historiadores y ecologistas, así como simples ciudadanos) que se oponen al proyecto.
Todo en vano, ya que la propuesta fue finalmente aprobada el viernes 7 de noviembre, gracias al sostén del Partido Progresista Serbio de Vučić y sus aliados, que tienen mayoría parlamentaria y quienes defendieron su decisión al argumentar que el proyecto podría incluso mejorar las relaciones con la Administración Trump. “Estamos abriendo espacio y creando oportunidades para que el país avance”, dijo el diputado que había presentado la petición, Milenko Jovanov. “¿Si eso conducirá a mejorar las relaciones con la Administración Trump, con Estados Unidos? Sinceramente, me gustaría que así fuera”, añadió.
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Lucha antifascista
El interés de la familia de Trump por el Generalštaba era un rumor que corría desde hace tiempo (según medios serbios, Trump y el entonces primer ministro serbio, Ivica Dačić, ya habían mantenido una reunión en 2014) cuando se oficializó en 2024. El 13 de marzo de ese año, mediante una publicación en la red social X, el propio Kushner confirmó sus intenciones, al publicar una imagen digital de cómo se vería su proyecto arquitectónico una vez terminado. Posteriormente, el 15 de mayo, el ministerio de Construcción e Infraestructuras de Serbia anunció la firma de un contrato con Affinity Global Development (empresa ligada a Kushner) para la “revitalización del antiguo complejo de la Secretaría Federal de Defensa Nacional, ubicado en la esquina de las calles Kneza Miloša y Nemanjina”. El anuncio, realizado a través de un comunicado de prensa, no mencionaba el monto pactado, solo que no se trataba de una venta, sino de un arrendamiento al inversor por 99 años.
El siguiente paso ocurrió entre noviembre y diciembre de 2024, poco después de que Trump ganara la reelección. Fue entonces que el Gobierno del presidente Aleksandar Vučič comunicó la retirada del Generalštaba de la lista de edificios protegidos de Serbia, dando así luz verde a su transformación o demolición. Sin embargo, casi inmediatamente, quedó claro que donde algunos veían un negocio, otros, una situación muy grave. Tanto es así que, tras difundirse la noticia, decenas de arquitectos e historiadores del arte del Instituto Republicano para la Protección de los Monumentos Culturales (una entidad estatal) llegaron incluso a enviar una carta afirmando que ese estatus solo podía ser modificado si un equipo de expertos lo aprobaba, como establece el procedimiento. Y eso no había pasado.
Más aún. En abierta confrontación con el plan, ya en junio había dimitido la directora del Instituto Republicano para la Protección de los Monumentos Culturales, Dubravka Đukanović, y en noviembre, también renunció su segunda al mando, Estela Radonjić Živković. “Es innegable que el proyecto tuvo una dimensión política desde el principio. El mero hecho de que se asociara a los nombres de Donald Trump y Jared Kushner lo convirtió en un asunto políticamente delicado y de gran carga simbólica”, dice Radonjić, al explicar también lo que experimentó antes de su dimisión. “Después de que declaré públicamente que la decisión de revocar la protección era ilegal y contraria a los estándares, hubo diversas reacciones, incluidas presiones e intentos de desacreditación [en su contra]”, añade, en declaraciones a este medio.
Un año después, Radonjić sigue convencida de su postura. “El complejo del Estado Mayor no solo es una obra maestra de la arquitectura modernista yugoslava, sino que también carga con un profundo simbolismo. En el momento de su construcción, representaba la fuerza de la entonces Yugoslavia, así como la lucha antifascista de sus pueblos durante la Segunda Guerra Mundial”, afirma. Además, “después del bombardeo de la OTAN en 1999, también se convirtió en un símbolo del sufrimiento de los ciudadanos serbios durante la década de los 90. Por eso, para muchos, construir allí un complejo de lujo vinculado a Trump constituye borrar esa memoria y dolor; reabre viejas heridas”, argumenta.
Fiscales acosados
En un día fresco, sentada en un café en el centro de Belgrado, la urbanista Ljubica Slavković tiene una opinión similar, aunque en su caso pone más énfasis en el caso como un ejemplo de la destrucción del patrimonio cultural serbio y una falta de respeto por las leyes y reglas de su país de parte de las autoridades. “No se ha respetado el Estado de derecho. Existen procedimientos, y esos procedimientos no se han cumplido […] y, si eso se tolera, significa vivir en un país donde el sistema ampara los abusos y el caos en la gestión del patrimonio público, en un total desprecio por la ley”, afirma Slavković.
El caso también llegó a los tribunales serbios. En concreto, la Fiscalía Pública para el Crimen Organizado de Belgrado abrió una investigación sobre el caso y, posteriormente, acusó a Goran Vasić, director en funciones del Instituto Republicano para la Protección de los Monumentos Culturales y exjefe de Radonjić, de presunto abuso de poder y manipulación de documentación relacionada con el Generalštaba, entre otros delitos. Según argumentaron los fiscales, Vasić incluso admitió haber falsificado documentos para agilizar la retirada del estatus de ‘protegido’ del Generalštaba (en los que se basó el Gobierno para hacer su anuncio de que el edificio ya no era un inmueble protegido). Después de Vasić, también se presentaron cargos contra otros dos funcionarios públicos involucrados en el asunto (uno del Instituto de la Ciudad de Belgrado para la Protección de los Monumentos Culturales y el otro, del Ministerio de Cultura de la República de Serbia).
No está claro cómo acabará la investigación, pero diversas fuentes han denunciado presiones sobre los jueces para que archiven el caso y el propio presidente Vučić criticó duramente a los fiscales por su investigación, en una entrevista emitida el pasado 3 de noviembre en la televisión Prva TV. Lo que esta vez no ha enfurecido solo a los arquitectos, sino también a la propia Fiscalía, que al día siguiente, el 4 de noviembre, emitió un incendiario comunicado mediante el cual acusaron a Vučić de haber insultado al fiscal encargado.
“El presidente de la República se ha excedido y ha abusado de las atribuciones que le confieren la ley y la Constitución, intentando ejercer una influencia inapropiada e inadmisible sobre esta fiscalía al comentar investigaciones penales en curso”, escribieron. Así, “Vučić vuelve a señalar públicamente a los fiscales encargados e intenta, desde su posición de autoridad y poder como presidente de la República, influir indebidamente en el resultado de los procedimientos en curso, […] obstruyendo directamente la Justicia y socavando el orden constitucional y jurídico”, concluyeron.
Fuentes judiciales informadas del caso y consultadas por France 24 también contaron de “problemas, dificultades y presiones ejercidas por las autoridades” contra la Fiscalía. “Por ejemplo, en mayo de 2025, el Servicio de Lucha contra el Crimen Organizado del Ministerio del Interior (policía) se negó a ejecutar las órdenes de la Fiscalía. Finalmente, Goran Vasić fue arrestado, pero el trabajo de la Fiscalía se ha visto significativamente obstaculizado e incluso podría ser bloqueado”, explicaron. Además, desde mayo de 2025, los más altos funcionarios del Estado y el presidente han calificado este caso como “inventado”. Y, en los últimos días, el presidente llamó a los fiscales “pandilla corrupta” y “criminales”, denunciaron.
Dinero y política
En tanto, la protesta se ha sumado a las multitudinarias movilizaciones estudiantiles que sacuden Serbia desde hace más de un año por el colapso de una marquesina en Novi Sad, la segunda ciudad serbia; unas manifestaciones contra el Gobierno, al que consideran corrupto e ineficaz y que quieren cambiar. Tanto que los estudiantes han participado en manifestaciones callejeras contra el plan.
Slavković, la urbanista, lo explica así: “Estamos ante un patrón que se repite, que ya hemos visto en otros proyectos urbanísticos, como el Belgrade Waterfront o Expo Belgrade 2027. En todos estos casos, se han eliminado u oscurecido los procedimientos legales —los plazos de consulta pública se acortan al mínimo legal y se omiten permisos, estudios o análisis— bajo el argumento de la urgencia. Y esta flexibilidad, por supuesto, solo se aplica a unos pocos actores privilegiados”, asevera.
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Por su parte, la prensa estadounidense, que ha seguido el caso de cerca, también ha puesto en evidencia cómo los negocios de la familia Trump han interferido con la política en Serbia, un pequeño país balcánico aún afectado por las guerras ocasionadas por la disolución de Yugoslavia en los noventa del siglo pasado.
“El proyecto de la familia Trump se ha convertido tanto en un escándalo en Serbia como en un claro ejemplo de hasta qué punto un gobierno extranjero estuvo dispuesto a llegar para promover los intereses financieros de la familia del señor Trump”, señala el diario ‘The New York Times‘. El caso también puso en relieve cómo “los negocios de la familia se han vuelto cada vez más difíciles de separar de las decisiones oficiales del señor Trump”, añade.
El mismo medio también apuntó a que el proyecto de Kushner sería mayúsculo. En concreto, se trataría de una inversión de unos 500 millones de dólares y el Estado serbio recibiría el 22%. Todo ello para la creación de un hotel de hijo y apartamentos, junto con un monumento conmemorativo y un museo, según el medio.
Por su parte, el propio presidente Vučić ha sugerido una importancia política del proyecto, más allá del negocio, para establecer lazos con la Administración Trump, tal como ya ha ocurrido con otro proyecto similar en la cercana Albania.
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