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El caso de presunta corrupción que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en Argentina ha entrado en una etapa clave, conforme avanza la investigación bajo la órbita del juez federal Sebastián Casanello. El magistrado comenzó este martes a tomar declaración indagatoria a quince personas imputadas, todas presuntamente involucradas en una red que, de acuerdo con la fiscalía, habría desviado más de 48.000 millones de pesos argentinos, equivalentes a más de 33.000 dólares, de fondos públicos.
Según los detalles aportados por Crónica del Quindío, Miguel Ángel Calvete fue el primero en comparecer ante el juez. Calvete es señalado como la pieza central en el entramado de proveedores que abastecían a la ANDIS y, de acuerdo con el fiscal Franco Picardi, actuaba como el encargado de articular la organización ilícita. Su traslado desde la cárcel a los tribunales federales de Comodoro Py se realizó a primera hora del día, en un operativo que puso de manifiesto la magnitud de la causa y la relevancia de los acusados.
El dictamen presentado por la fiscalía indica que Calvete habría sido el intermediario entre laboratorios privados y Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS. Una serie de audios, en los que Spagnuolo describía minuciosamente cómo funcionaba el esquema de corrupción vinculado a la provisión de medicamentos, detonaron la apertura formal de la investigación judicial y dieron pie a los allanamientos y detenciones que ahora sacuden al organismo.
Durante uno de estos allanamientos, en la residencia de Calvete, las autoridades hallaron cuadernos manuscritos en los que figuraban datos claves: fechas, contactos y porcentajes de dinero, así como listas de empresas que presuntamente estaban conectadas al esquema ilegal. Estas pruebas refuerzan la hipótesis del fiscal, quien sostiene que todo el mecanismo ilegal operaba restringiendo la competencia en los llamados procesos de Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), a favor de un grupo selecto de droguerías: Profarma, Génesis, New Farma y Floresta.
La semana anterior, fue arrestado otro exfuncionario: Pablo Atchabahian, quien según la fiscalía tenía un papel esencial en el direccionamiento de decisiones y pagos desde fuera de la agencia. El juez Casanello ordenó la prisión domiciliaria de Atchabahian en Mendoza ante el riesgo de fuga, decisión que subraya las cautelas necesarias en un caso donde los acusados disponen de importantes recursos. Atchabahian, por el momento, prefirió no declarar ante el juez.
Entre tanto, Diego Spagnuolo, quien permanece libre aunque con prohibición de salir del país y con su patrimonio congelado, deberá presentarse a declarar este miércoles. Los restantes interrogatorios se seguirán realizando en los próximos días y se extenderán hasta el cinco de diciembre, incluyéndose a exfuncionarios como Daniel Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Grant, y también a personas vinculadas a los laboratorios implicados en la presunta red corrupta.
La investigación adquirió mayor notoriedad tras la difusión de los audios atribuidos a Spagnuolo el 20 de agosto, que no solo lo ubican en el centro del escándalo, sino que incluso implican a Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei y secretaria general de la Presidencia. Ante la relevancia y el impacto de la denuncia, el Gobierno de Milei reaccionó separando a Spagnuolo de su cargo e interviniendo la ANDIS, además de ordenar una auditoría interna para determinar el alcance de las irregularidades denunciadas.
Este caso, que involucra a sectores sensibles de la administración pública y apunta a la posible vulneración de derechos de personas con discapacidad, pone bajo la lupa los procesos de control y transparencia dentro del gobierno argentino, según la información publicada por Crónica del Quindío.
¿Qué implica el proceso PACBI dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad?
El proceso de Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI) es central en la causa expuesta por la fiscalía, ya que según sus pesquisas, fue manipulado para restringir la competencia entre proveedores y direccionar millonarios contratos a empresas específicas. Este mecanismo de la ANDIS busca generalmente asegurar la provisión de medicamentos y equipamientos para personas con discapacidad, representando un punto crítico tanto para la atención social como para la integridad en la administración pública.
El correcto funcionamiento del PACBI es fundamental, dado que los recursos asignados están destinados a una población vulnerable. Por ello, las irregularidades detectadas no solo comprometen los fondos del Estado, sino que tienen un impacto directo en las personas beneficiarias. El avance de la investigación intentará esclarecer el grado de afectación producido y revisar las medidas liminares para evitar que se repitan este tipo de prácticas en el futuro.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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