El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Un nuevo revés le dio en las últimas horas el Consejo de Estado a las sanciones que emite la Procuraduría en contra de funcionarios elegidos por voto popular al tumbar la sanción de 10 años que pesaba contra el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía.
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Abadía fue sancionado por el Ministerio Público porque siendo gobernador de ese departamento entre 2008 y 2010 suscribió un contrato con “Eduardo Bolaños IPS Ltda.”, de forma directa cuando era necesario agotarse el procedimiento de la selección abreviada de prestación de servicios de salud. Por corrupción, él y otros dos exgobernadores eran investigados por la Procuraduría.
El contrato tenía como objetivo realizar cirugías bariátricas a personas sin cobertura de salud y fue pactado por la suma de mil millones de pesos. En su momento, la Procuraduría dijo que Abadía debió adelantar la selección del contratista por el procedimiento de selección abreviada de prestación de servicios de salud, lo que implica consultar previamente a los precios del mercado y solicitar ofertas, pero no lo hizo.
(Lea también: Exgobernador Abadía pagó al cartel de la toga para archivar un proceso: Fiscalía)
Esta decisión no afecta el proceso penal que enfrenta ante la Fiscalía por el cartel de la toga una red de exmagistrados y abogados que torcía procesos en la Corte Suprema. El pasado 28 de julio fue acusado de pagar un soborno para archivar un proceso en su contra en ese alto tribunal. Los elementos de prueba dan cuenta de que el exmandatario regional, al parecer, le entregó $400 millones al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, exfiscal contra la corrupción, en 2014. Este dinero fue direccionado al hoy condenado y exmagistrado Francisco Ricaurte.
El caso es que Moreno Rivera fue contratado por Abadía para que lo asistiera en un proceso penal que se seguía en una fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, debido a presuntas irregularidades en un convenio de cooperación para la dotación de bibliotecas escolares en el Valle.
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