Una revelación estremecedora sacude nuevamente el escándalo mundial de Jeffrey Epstein. Según una investigación publicada por El Espectador, una niña de 12 años de Bogotá habría sido una de las víctimas de la red de pederastia del millonario estadounidense, de acuerdo con los últimos archivos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).
Pero más allá del horror del crimen, el caso ha generado una nueva ola de indignación por una razón aún más grave: las autoridades estadounidenses habrían expuesto datos personales de la víctima, revictimizándola y dejándola en una situación de vulnerabilidad.
Los documentos señalan que la menor fue captada en 1998, cuando tenía apenas 12 años, y permaneció “bajo la influencia” de la red hasta 2004. En 2008, el FBI pidió al entonces DAS de Colombia que la ubicara para ofrecerle ingreso al programa de protección de víctimas, oferta que —según los archivos— fue rechazada. En 2020, ya muerto Epstein, las autoridades estadounidenses intentaron nuevamente localizarla.
La víctima estudió en el Royal Palm Beach High School, en Florida, un colegio que, según los documentos, habría sido utilizado por la red de pederastia para reclutar menores. Hoy, según la información revelada, la mujer reside en Bogotá.
La gravedad del caso no solo está en los hechos, sino en la forma en que fueron divulgados. 6AM-W verificó los archivos del DOJ y encontró que, aunque muchos datos aparecen tachados, en este caso específico se publicaron datos de identificación, ubicación y registros académicos, incluyendo universidades donde estudió la víctima, exponiéndola directamente.
La indignación es inevitable: ¿cómo una institución encargada de proteger víctimas publica información sensible de una mujer que fue abusada siendo menor de edad? La desclasificación, lejos de protegerla, la revictimiza y la deja nuevamente expuesta a riesgos, estigmatización y persecución.
El caso también revela otros vínculos inquietantes: declaraciones de personas cercanas a la red de reclutamiento, como una contadora de la agencia de modelos Mc2, y registros de un vuelo del jet privado de Epstein a Bogotá en enero de 2016, del que no se conocen motivos ni acompañantes.
Mientras el mundo sigue conociendo la magnitud de la red criminal de Epstein —investigado desde 2006, protegido por acuerdos judiciales en 2008, capturado en 2019 y muerto en prisión en 2020—, este nuevo capítulo deja una pregunta aún más dolorosa porque la justicia, que debía reparar a las víctimas, termina exponiéndolas otra vez.
La publicación de estos datos no es solo una falla administrativa: es una grave irresponsabilidad institucional que convierte a una víctima en blanco público, cuando lo mínimo exigible era su protección absoluta.
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