Los nuevos detalles sobre la captura de Margaret Chacón Zúñiga, sospechosa de estar implicada en el asesinato del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, los dio el ministro de Justicia y Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro, poco después de que la mujer cayera en manos de las autoridades del país centroamericano, este miércoles.
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“Recibimos información de Interpol Colombia sobre la posibilidad de que una de las involucradas en este cobarde asesinato, que conmocionó a toda Sudamérica, estuviera en suelo patrio. Se hicieron las averiguaciones y, en efecto, teníamos el ingreso de esta ciudadana” en El Salvador, aseguró Villatoro.
Con Chacón Zúñiga, de 42 años, y esposa del narcotraficante Andrés Felipe Pérez Hoyos, recientemente capturado junto con su hermano por el mismo caso, también fue arrestado el salvadoreño Wílber Huezo, de 47 años, acusado de haberla ocultado en el país.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele tuiteó que “El Salvador no será refugio de criminales”. “No vamos a tolerar que El Salvador sea refugio de criminales”, repitió el ministro Villatoro.
“No podíamos dejar de apoyar al hermano país de Colombia con este suceso”, sostuvo Villatoro, y explicó que la colombiana detenida había ingresado al país el 26 de mayo de 2022, es decir, doce días después del asesinato de Pecci.
Villatoro aseguró que, desde entonces, la colombiana Chacón Zúñiga “ha estado realizando diferentes viajes a diferentes países de América Latina, menos a Colombia”.
La colombiana detenida fue presentada en el cuartel general de la policía salvadoreña, donde su director, el comisionado Mauricio Arriaza, dijo a la prensa: “Margaret es puesta a disposición de la policía de Colombia, para que enfrente la justicia”.
La investigación sobre el asesinato de Pecci aún no ha dado con los autores intelectuales del crimen. Estados Unidos ofreció una recompensa de cinco millones de dólares a quienes provean información sobre los responsables.
Pecci, especializado en crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, había investigado a bandas de Brasil, además de lavadores de dinero libaneses de la Triple Frontera de Paraguay, Brasil y Argentina.
También estuvo a cargo de casos sonados como el secuestro y asesinato en 2005 de la hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas (1998-1999), y el enjuiciamiento en 2020 del astro del fútbol Ronaldinho, detenido en Asunción por falsificación de documentos.
El fiscal paraguayo fue ultimado a tiros el 10 de mayo en la isla caribeña de Barú, próxima a Cartagena, donde estaba de luna de miel con su esposa embarazada.
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