La opción del “Rechazo” a la nueva constitución en Chile lidera las encuestas sin excepciones y con consistencia desde hace más de un mes, pero la campaña del “Apruebo” ha movilizado multitudes sobre todo en Santiago, alimentando la ilusión de un triunfo. Los actos de cierre de campaña la noche del jueves en la capital de este país de casi 20 millones de habitantes dieron dos fotos muy diferentes que contrastan con los pronósticos.
La fiesta callejera del “Apruebo” convocó entre 250.000 y 500.000 personas, según los organizadores, mientras el acto de cierre del “Rechazo” consistió en un evento de no más de 400 personas en un anfiteatro sobre un cerro con vista a Santiago. “Se confirma lo que se ve en las encuestas, de que la ventaja del ‘Apruebo’ en Santiago va a ser muy importante sobre el rechazo”, dice la socióloga Marta Lagos, fundadora de la encuestadora Mori.
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“Pero eso no significa que el ‘Apruebo’ vaya a ganar, [pues] tiene mucha desventaja en el sur y en norte del país”, zonas que sufren violencia e inseguridad, agrega Lagos. Mientras en el sur hay conflictos sobre tierras que reclaman grupos de indígenas Mapuche, en el norte se produce un incesante ingreso de inmigrantes sin papeles que viven en las calles y que ha generado la aparición de mafias de traficantes de personas y delitos violentos.
“Por acá la gente va más por el rechazo (…) creen que es el mejor camino, porque tienen miedo a los cambios. Tienen para comer, tienen trabajo y piensan que eso lo van a perder”, dice a la AFP Alfredo Tolosa, un trabajador de 47 años de una maderera en Tucapel, una localidad de 13.000 habitantes la región del Biobío (sur).
Este domingo, por primera vez en más de una década, la concurrencia a las urnas será obligatoria so pena de una multa máxima de 180.000 pesos (unos 200 dólares). Eso, junto con la participación de los jóvenes, podría inclinar la balanza entre los más de 15 millones de electores.
El multitudinario acto de cierre del “‘Apruebo’ confirmó que van a votar muchos jóvenes especialmente en la región Metropolitana y que esos jóvenes favorecen al Apruebo”, afirma Lagos.
Expertos esperan la participación de más de 11 millones de personas, muy por encima de los 8,3 millones que votaron en diciembre, cuando el izquierdista Gabriel Boric ganó la elección presidencial, en lo que ya se anticipa como una “revolución participativa”.
En el extremo norte del país, en la ciudad de Arica, “las nuevas generaciones están más por el ‘Apruebo’ y quieren cambios; si tuvieran la posibilidad de modificar el mundo lo van a hacer, la diferencia es generacional”, estima Aníbal González, 55 años, dueño de un criadero de cerdos.
Lagos coincide con varios observadores internacionales que catalogan al proyecto de reforma constitucional de “muy progresista. Es muy milenial una parte de la Constitución y esos valores no son la demanda de la parte más tradicional de la sociedad chilena”, afirma la socióloga.
Impulso del “Rechazo”
El texto de 178 páginas consagra un “Estado social de derechos”, en respuesta a reclamos expresados en las masivas manifestaciones sociales de octubre de 2019.
El proyecto consagra la plurinacionalidad indígena, mantiene la economía de mercado y establece un nuevo catálogo de derechos sociales en salud, educación y pensiones, con un marcado énfasis medioambiental y de protección de nuevos derechos.
Uno de los principales cuestionamientos que hacen los detractores del proyecto de nueva Constitución radica en el desempeño de los integrantes de la convención que redactó el texto, elegidos por voto popular con paridad de género y con 17 escaños indígenas, señaló el politólogo Marcelo Mella, académico de la Universidad de Santiago.
“Demasiados grupos o bloques políticos dentro de la Convención se dieron gustos que son contraproducentes hoy día, de llegar con sus pliego de peticiones con contenidos específicos y reivindicaciones específicas sin entender que el texto debía ser votado en el plebiscito de salida”, afirmó Mella.
Pero cualquiera sea el resultado, los sondeos dan cuenta de un amplio consenso político y ciudadano para operar cambios tanto si se impone el nuevo texto o como si se lo rechaza, pues lo que se busca es enterrar la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
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