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Un panel de cuatro jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil—Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin y Cármen Lúcia— votaron de forma unánime este lunes 24 de noviembre a favor de que el ultraderechista permanezca bajo custodia policial, después de que el juez Moraes ordenara su detención el pasado sábado tras alegar riesgo de fuga.
De esta manera, los tres jueces restantes del Supremo se unieron a la decisión de Moraes que puso fin a más de 100 días de arresto domiciliario. Bolsonaro espera la resolución final de su apelación contra su condena de 27 años de prisión por conspirar para un golpe de Estado.
El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso escribió en la sentencia: “La información constata la intención del condenado de romper la tobillera electrónica para garantizar el éxito en su fuga, facilitada por la confusión causada por la manifestación convocada por su hijo”.
El magistrado se refería así a la cadena de hechos del pasado sábado 22 de noviembre, cuando el sistema de monitoreo electrónico de Bolsonaro registró una alerta crítica en la tobillera que controlaba los movimientos del expresidente.
Horas antes de que el sistema de geolocalización enviara la advertencia, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, convocó a una vigilia religiosa frente a la vivienda del mandatario.
La suma de ambos factores fueron interpretados por el juez como un riesgo de fuga, por lo que ordenó detener a Bolsonaro, quien fue trasladado a la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia donde se encuentra desde entonces.
Moraes interpretó la convocatoria a la vigilia como una “insoportable amenaza a la orden público”.
El capitán retirado del Ejército y expresidente aseguró durante la audiencia judicial el domingo 23 de noviembre que la ingesta de varios medicamentos lo indujeron a un estado de paranoia y alucinaciones que lo llevaron a quemar su tobillera electrónica con un soldador.
El informe de la audiencia refleja que la defensa apunta a una mezcla de pregabalina (antiepiléptico) y sertralina (antidepresivo), que habría producido “confusión mental”.
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Sospechas de fuga
El juez Flavio Dino consideró al emitir su voto este lunes que “la reconocida violación de la vigilancia electrónica no solo aumenta el riesgo de fuga, sino que también indica una flagrante violación de las medidas cautelares impuestas por el Poder Judicial”.
El magistrado sintetizó que la situación actual de Bolsonaro cumple los requisitos legales para mantener la prisión preventiva, ya que confluye un incumplimiento de la medida cautelar, riesgo de evasión y amenaza al orden público.
En la misma línea, Moraes sostuvo este lunes que Bolsonaro daño “dolosa y conscientemente” la tobillera electrónica. El instructor recordó que el condenado “ha ignorado repetidamente las diversas medidas cautelares impuestas”, con el uso de redes sociales o la participación virtual en eventos organizador por sus simpatizantes.
Dino afirmó que “la experiencia reciente demuestra que grupos movilizados en torno al condenado, frecuentemente actuando de forma descontrolada, pueden repetir conductas similares a las del 8 de enero [de 2023]”, cuando seguidores bolsonaristas asaltaron el núcleo de la democracia en Brasil para sabotear la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva.
Este lunes 24 de noviembre es el último día para que la defensa de Bolsonaro presente embargos de declaración, un recurso extraordinario que busca aclarar dudas o ambigüedades en la decisión de sentencia, por lo que el reciente pronunciamiento del tribunal constituye de facto el fin de las opciones de apelación para Bolsonaro. Aunque la defensa puede interponer recursos hasta las 20:00 horas, son considerados meramente protocolarios.
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“Ecosistema criminal”
Moraes recordó que el círculo de Bolsonaro acumula algunos expedientes de fuga, en el marco del juicio por golpismo, la más reciente de ellas la del diputado Alexandre Ramagen, quien huyó del país hacia EE. UU. en septiembre de 2025, apenas días después de escuchar su condena de 16 años.
Antes de él, fue Carla Zambelli, la diputada condenada a 10 años de prisión y pérdida de mandato por haber invadido sistemas del Consejo Nacional de Justicia (CNJ). Según Moraes, Zambelli huyó en junio de 2025 hacia Roma, donde permanece en custodia preventiva bajo orden de extradición de Brasil.
Eduardo Bolsonora, hijo de Jair, voló a Estados Unidos, en medio de un proceso judicial en Brasil por el delito de coacción a la justicia. La Fiscalía General presentó una denuncia contra él por intentar intimidar al Supremo Tribunal Federal (STF) para que desestimara el caso contra su padre, Jair Bolsonaro, mediante presiones internacionales.
Desde marzo de 2025, Eduardo Bolsonaro reside en Estados Unidos, donde ha realizado gestiones para que el gobierno estadounidense imponga sanciones contra las autoridades judiciales brasileñas y el STF, en un intento de presionar para que no condenen a su padre.
Moraes concluyó que todas estas fugas demostraban un patrón coordinado de evasión. Aseguró, además, que los casos de Zambelli y Eduardo Bolsonaro tuvieron como propósito adicional “la continuidad de loa crímenes de coacción en el curso del proceso, obstrucción de investigación de infracción penal que involucra organización criminal y abolición violenta del Estado Democrático de Derecho”.
El juez Flávio Dino añadió que “las fugas citadas muestran profunda deslealtad con las instituciones del Estado, componiendo un deplorable ecosistema criminal en que actúa la organización criminosa liderada por el condenado Bolsonaro”.
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Con EFE y medios locales
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