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Antonio Espaillat, el dueño de la discoteca Jet Set, ubicada en Santo Domingo (República Dominicana), fue arrestado el pasado jueves 12 de junio junto con su hermana Maribel por el delito de homicidio involuntario producido por negligencia en el cuidado del techo, así lo dio a conocer el Ministerio Público. El hecho, ocurrido el 8 de abril, dejó sin vida al intérprete de canciones como ‘Y no voy a llorar’, ‘Sobreviviré’ y ‘Volveré’.
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La orden de arresto fue emitida en conformidad con lo estipulado en el artículo 319 del Código Penal. Allí, las autoridades los señalan de tener “una inmensa irresponsabilidad y negligencia, al no hacer lo necesario para que el techo del Jet Set Club fuera intervenido de manera adecuada y especializada para poder evitar una tragedia que cobrara vida del público y de sus empleados que confiaban en la supuesta seguridad del lugar, como finalmente ocurrió”.
Los hermanos fueron detenidos luego de ser interrogados por el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, el procurador adjunto Wilson Camacho, que los citó al despecho. Los dos se presentaron en la Procuraduría General de la República en Santo Domingo con sus respectivos abogados.
De acuerdo con la versión entregada por algunos colaboradores del establecimiento comercial, el techo no se encontraba en óptimas condiciones al momento de realizar el evento. Aún así, decidieron abrir el espacio al público el 7 de abril, un día antes de la tragedia.
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En el mismo documento presentado por la Fiscalía, se alude a movimientos por parte de los imputados con el ánimo de intimidar o manipular a los trabajadores de la empresa Inversiones E y L, S.R.L. (contratada por el club) para evitar que den algún testimonio que pueda afectarlos frente a la justicia y que los comprometa mucho más en el caso.
Por ahora, los seguidores del destacado artista Rubby Pérez y de las víctimas mortales de este suceso están a la espera de conocer detalles del proceso judicial que adelantan los entes competentes, especialmente de la audiencia en la que les impondrán las medidas de coerción necesarias para dar continuidad con la diligencia.
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