Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, volvió a estar en el centro de la atención mediática este 13 de mayo de 2025, tras su participación en una audiencia judicial relacionada con el incidente de reparación por los hechos ocurridos en noviembre de 2019.
(Vea también: “No soy su amiga”: reacción de Karina García al enterarse que ‘Epa Colombia’ está presa)
En ese entonces, la ‘influencer’ y empresaria fue protagonista de un polémico episodio cuando destruyó parte de una estación de Transmilenio durante el desarrollo de una protesta social en Bogotá. Las imágenes del acto fueron difundidas en redes sociales y se viralizaron rápidamente, provocando una ola de reacciones a nivel nacional.
El episodio no solo derivó en un proceso judicial por vandalismo, sino también en una condena social que aún persiste. Desde entonces, Barrera Rojas ha enfrentado diversas consecuencias legales, económicas y mediáticas.
Aunque en años posteriores logró reinventarse como empresaria en el sector de la belleza —e incluso recibió el respaldo de una parte de su audiencia—, la deuda pendiente con la justicia sigue siendo un capítulo abierto.
Durante la audiencia más reciente, el tema central fue el monto exigido por concepto de reparación económica: siete mil millones de pesos colombianos. Esta cifra, según los argumentos presentados por la Fiscalía y la defensa de Transmilenio, corresponde al valor de los daños ocasionados a la infraestructura del sistema de transporte público y a los costos asociados con su reparación y funcionamiento.
Sin embargo, ‘Epa Colombia’ sostuvo que esta suma es desproporcionada y no se ajusta a la magnitud real de los daños causados. “No niego que me equivoqué y asumo la responsabilidad, pero considero injusto que me quieran cobrar una cifra que ni siquiera puedo pagar en toda mi vida”, afirmó Barrera Rojas durante la diligencia.
También señaló que el cálculo económico debe basarse en criterios técnicos y objetivos, no en consideraciones mediáticas o ejemplarizantes.
#Atención | La influencer Epa Colombia anunció que está dispuesta a conciliar la demanda de reparación elevada por Recaudos Bogotá, la empresa de Seguros y Transmilenio y a ofrecer disculpas, pero pide que le cobren lo justo porque asegura que los entre 600 a 700 millones de… pic.twitter.com/nVc0seIq6b
— La FM (@lafm) May 13, 2025
Por qué ‘Epa Colombia’ tiene que pagar millonaria indemnización
El caso de ‘Epa Colombia’ se dio en un contexto más amplio sobre el vandalismo en el sistema Transmilenio, que desde hace más de una década ha sido blanco de ataques durante jornadas de protesta social.
La destrucción de buses, estaciones y mobiliario urbano ha causado millonarias pérdidas para la ciudad y ha puesto en entredicho la efectividad del sistema judicial en sancionar estos hechos.
Por eso, el proceso contra Daneidy Barrera ha adquirido un matiz simbólico. Para algunos sectores, representa la necesidad de aplicar sanciones ejemplares que disuadan futuros actos de violencia contra bienes públicos.
Para otros, como diversos analistas y abogados consultados por Semana, el caso debe analizarse con objetividad jurídica, evitando caer en excesos punitivos.
“Si bien nadie está por encima de la ley y debe haber consecuencias para quien cause daño, las reparaciones económicas deben guardar proporción con el impacto real del acto”, explicó uno de los expertos. De acuerdo con él, este tipo de procesos pueden sentar precedentes que definan cómo se calculan en adelante los costos de daños a la infraestructura pública.
‘Epa Colombia’ pide pagar lo justo por daños a Transmilenio
Epa Colombia ha reiterado en varias ocasiones su arrepentimiento. Ha ofrecido disculpas públicas, ha desarrollado campañas de concientización y ha colaborado con iniciativas sociales, según ha reportado su defensa. No obstante, sus esfuerzos de reparación moral no han sido suficientes para reducir el monto económico exigido por la Fiscalía, que insiste en la necesidad de una sanción proporcional al daño causado.
Durante la audiencia, Barrera Rojas pidió que se reevalúe la cuantía de la reparación con base en peritajes técnicos y no únicamente en estimaciones administrativas. “Pido que me cobren lo justo. Mi acto estuvo mal, pero no puede ser que se pretenda cobrar una cifra que no corresponde a los daños reales”, señaló.
El proceso judicial sigue en curso, y se espera que en las próximas semanas la justicia determine si el monto de siete mil millones de pesos es justificable o si deberá ajustarse en función de las pruebas presentadas.
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