El anuncio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en 2026 se convirtió en un elemento clave para los arrendadores y arrendatarios de Colombia, por lo que es pertinente sabe cómo actuar en caso de que haya incumplimientos.
De acuerdo con la reciente información entregada por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el Índice de Precios al
Consumidor (IPC) registró una cifra de 5,1 % en 2026, teniendo una caída de
0,2% en comparación con el 2025.
Cabe resaltar que el IPC es el indicador promedio que mide los precios y gastos de los bienes en los hogares de Colombia, entre ellos, el incremento de los arriendos. Así está regulado por la Ley 820 de 2003.
Según esta normativa, la persona que arrienda tiene el derecho de aumentar el valor del alquiler cada 12 meses de ejecución del contrato, pero este ajuste tiene un tope legal infranqueable
Si un arrendador intenta imponer un aumento que supere este porcentaje legal, el arrendatario debe seguir una serie de pasos para proteger sus derechos.
Lo primero es verificar la fecha de renovación, ya que el alza no puede aplicarse de manera automática en enero, sino solo cuando el contrato cumple un año de vigencia o se prorroga.
El inquilino debe revisar la notificación escrita, la cual es obligatoria y debe informar el monto exacto del reajuste y la fecha en que se hará efectivo a través de un servicio postal autorizado o el medio pactado en el contrato.
En caso de un cobro excesivo, el primer paso es la comunicación directa y formal. El arrendatario puede rechazar el incremento ilegal mediante una carta escrita, citando el artículo 20 de la Ley 820 de 2003, y manifestar su disposición de pagar únicamente el valor ajustado según el IPC legal.
Si el propietario persiste en el cobro abusivo, el ciudadano puede acudir a las autoridades locales. En ciudades como Bogotá, la entidad competente es la Subdirección de Investigaciones de Vivienda de la Secretaría del Hábitat, mientras que en otros municipios se debe acudir a las alcaldías o inspecciones de policía.
Estas autoridades tienen la facultad de investigar y sancionar a los arrendadores con multas que pueden alcanzar hasta los cien salarios mínimos legales vigentes.
Además, el inquilino puede solicitar una audiencia de conciliación en las Casas de Justicia o centros de conciliación autorizados para llegar a un acuerdo amistoso.
Es fundamental no dejar de pagar el canon anterior para evitar causales de terminación del contrato por mora, consignando el valor legal si el arrendador se niega a recibirlo.
¿Cómo afecta el IPC al canon de arriendo en Colombia?
El IPC tiene un impacto directo en el canon de arriendo en Colombia, principalmente debido a la forma en que se regula el ajuste de los precios de los arriendos de vivienda. En el país, los aumentos en los precios de los arriendos no pueden superar ciertos límites legales, y el IPC juega un papel fundamental en la determinación de estos aumentos.
Debido al incremento del IPC, uno de los sectores más afectados es el de los arrendamientos, pues el precio del canon se ajusta de manera anual según la base de esta cifra.
“El canon de arrendamiento en Colombia tendrá un ajuste directamente vinculado con la variación proyectada del IPC; esto quiere decir que los contratos vigentes se actualizarán de acuerdo con el indicador. Ejemplo, una persona que actualmente paga un valor de 1’800.000 pesos verá ajustado su monto mensual con un precio de 91.800 pesos, es decir, que el nuevo canon de arrendamiento sería 1’891.800”, explicó Lesly Posada, Directora Comercial de Fincaraiz.
Según lo revelado por el DANE, más de 7,4 millones de los hogares en el territorio nacional viven en arriendo, siendo así un promedio del 40% del total de los hogares en Colombia, aproximadamente 21,5 millones de personas.
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