Recientemente, la Agencia Nacional de Minería renovó por 30 años el contrato de explotación de la mina El Roble, ubicada en Carmen de Atrato (Chocó), la única mina de cobre en operación actualmente en Colombia, administrada por Atico Mining.
Tan solo semanas después de esto, Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump, anunció que aplicará un arancel del 50 % a las importaciones de cobre a partir del primero de agosto de 2025.
(Vea también: Trump mete miedo a varias empresas en Colombia: se las quiere llevar para EE. UU. a las malas).
Esto, argumentando que busca revertir el declive de la industria nacional atribuido a la administración Biden y fortalecer la producción interna, que considera clave para la seguridad nacional, especialmente en sectores como la defensa.
La noticia provocó un fuerte aumento en el precio del cobre, con los futuros estadounidenses cotizando con una prima de hasta 28 % respecto a la Bolsa de Metales de Londres, detalló NBC.
Sin embargo, persisten dudas sobre cómo se aplicará la medida y qué productos o proveedores podrían quedar exentos.
Expertos advierten que Estados Unidos depende de importaciones de Chile, Canadá y México, por lo que reconstruir la capacidad productiva local podría tomar años.
La Casa Blanca también prepara nuevos aranceles sectoriales y específicos por país, los cuales serán anunciados en los días venideros.
Por qué Trump puso aranceles a varios países
Donald Trump decidió imponer aranceles a diversos países y sectores estratégicos como parte de su política de reindustrialización y protección económica, retomando y profundizando el enfoque nacionalista que caracterizó su primera administración.
Según sus declaraciones, la razón principal de estos nuevos gravámenes, entre ellos el polémico arancel del 50% al cobre y otros dirigidos al acero, aluminio y productos agrícolas, es contrarrestar lo que él califica como “décadas de políticas débiles y concesiones” que habrían erosionado la base industrial estadounidense, debilitado la competitividad y puesto en riesgo la seguridad nacional. Trump argumenta que estas medidas buscan frenar la dependencia excesiva de importaciones de países como China, México, Brasil y Chile, además de incentivar la inversión local, reabrir fábricas cerradas y recuperar empleos para trabajadores estadounidenses que, según su discurso, han sido desplazados por acuerdos comerciales desventajosos.
Trump ha justificado también los aranceles desde la perspectiva de la seguridad nacional, asegurando que ciertos metales, materias primas y productos agrícolas son fundamentales para el Departamento de Defensa y para mantener la autosuficiencia del país ante eventuales conflictos geopolíticos.
Bajo esa lógica, la administración Trump ha recurrido a la llamada Sección 232 del Acta de Expansión Comercial, que permite establecer aranceles cuando se considera que las importaciones amenazan la seguridad del país. Esta argumentación le ha permitido sortear, al menos parcialmente, críticas internas y externas, presentando los aranceles no solo como medidas económicas, sino como una respuesta estratégica ante un escenario internacional cada vez más volátil.
Por otro lado, Trump ha señalado que busca corregir “prácticas comerciales desleales” de socios como China y México, acusándolos de subsidios estatales, manipulación de moneda y dumping, es decir, vender productos por debajo de su costo real para ganar mercado.
Este discurso ha calado en parte del electorado estadounidense, especialmente en regiones industriales que han sufrido cierres de plantas y aumento del desempleo en las últimas décadas, consolidando su imagen como defensor del “trabajador americano”.
Finalmente, la imposición de aranceles también responde a un objetivo político: enviar un mensaje de fuerza ante negociaciones comerciales y reafirmar la idea de que Estados Unidos debe priorizar sus intereses antes que cualquier tratado internacional.
Sin embargo, expertos advierten que estas medidas, aunque pueden beneficiar temporalmente a ciertas industrias locales, también elevan costos para fabricantes nacionales, tensionan relaciones diplomáticas y pueden provocar represalias comerciales, afectando a otros sectores de la economía.
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