Sin embargo, su falta de mantenimiento puede representar riesgos significativos.
Por esta razón, es fundamental hacer inspecciones periódicas que aseguren el cumplimiento de las normativas vigentes y la correcta operación de los sistemas. Según Vanti, estas revisiones son indispensables para disfrutar del servicio de gas natural en condiciones óptimas, reduciendo al mínimo la posibilidad de accidentes.
De acuerdo con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), las instalaciones internas de gas deben someterse a revisiones técnicas cada cinco años. Este procedimiento incluye la inspección de las redes internas y los gasodomésticos para verificar su estado y funcionamiento adecuado.
Cabe destacar que los usuarios tienen la libertad de elegir un organismo acreditado para realizar esta inspección, siempre que cuente con las certificaciones exigidas, con el objetivo de garantizar la seguridad en viviendas y establecimientos comerciales.
¿Qué ocurre si no se cumple con la revisión del gas?
El incumplimiento de esta obligación conlleva graves riesgos. Las instalaciones defectuosas pueden provocar incendios, explosiones e intoxicaciones por monóxido de carbono debido a fugas de gas. Este último es especialmente peligroso, ya que es un gas incoloro e inodoro que, en altas concentraciones, puede ser letal. Por ello, realizar las revisiones periódicas no solo constituye un requisito legal, sino también una medida esencial para proteger la vida y la integridad de los habitantes de un inmueble.
¿Revisión de gas la paga inquilino o arrendatario?
En el caso de inmuebles arrendados, surgen dudas sobre quién debe asumir el costo de la revisión del gas: el arrendador o el arrendatario.




Según la normativa, el gasto recae en el usuario que usa el servicio, es decir, la persona que habita el inmueble, ya sea una vivienda, un apartamento o un local comercial. No obstante, este aspecto puede ser negociado entre las partes y debe quedar claramente estipulado en el contrato de arrendamiento.
En ese sentido, se establece que el propietario del inmueble tiene la obligación de garantizar que este se encuentre en condiciones habitables, lo que incluye la ejecución de reparaciones estructurales o de sistemas que afecten la seguridad. Sin embargo, los costos relacionados con el uso y mantenimiento de los servicios básicos, como el gas, suelen ser responsabilidad del inquilino, salvo que se acuerde lo contrario.
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