Escrito por:  Redacción Nación
Jun 4, 2025 - 7:57 am

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, se pronunció frente a recientes denuncias y críticas relacionadas con supuestos actos de corrupción dentro de la petrolera estatal. En declaraciones dadas este 4 de junio de 2025, Roa aseguró que estas acusaciones hacen parte de una campaña de desprestigio que busca afectar tanto su reputación personal como la imagen de la compañía, y aseguró que detrás de estas acciones hay intereses políticos definidos.

Roa manifestó que los ataques en su contra no son hechos aislados ni fortuitos, y que vienen acompañados de amenazas, insultos y ataques personales, algunos incluso relacionados con acoso basado en género, lo cual también ha impactado a su familia. En sus palabras, “esto no es espontáneo ni accidental. Tiene un objetivo político claro, que algunos de ustedes bien conocen. También han existido amenazas de muerte e insultos sin fundamento y hasta de acoso, incluso por razones de género que han afectado también a mi familia”.

El presidente de la empresa más importante de Colombia reiteró su preocupación por la motivación de quienes quieren controlar o influir en la empresa, y sostuvo que el egoísmo y la ambición han llevado a algunos a buscar el detrimento de una compañía clave para los colombianos. No obstante, Roa hizo énfasis en los logros recientes de Ecopetrol, especialmente en términos de solidez empresarial, incremento de las reservas petroleras y transferencias históricas al presupuesto de la Nación.

Uno de los temas más polémicos en los últimos días ha sido la suscripción de un contrato con la firma Covington, objeto de señalamientos públicos. Roa aclaró puntualmente que su cargo de presidente no lo faculta para firmar o autorizar contratos de manera directa, ya que esta responsabilidad corresponde a las diferentes vicepresidencias corporativas, y en casos específicos a la Junta Directiva de Ecopetrol o a sus comités. “Como presidente de la compañía, no firmo ni suscribo contratos directamente. Esa función ha sido delegada a las diferentes vicepresidencias corporativas”, señaló.

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Sobre el contrato específico con Covington, Roa fue enfático: “Yo no participé ni fui informado de su suscripción ni de la firma del otrosí. Tampoco tengo la facultad legal para hacerlo o autorizarlo ni mucho menos para intervenir en su trámite y ejecución. De hecho, fui uno de los empleados evaluados dentro del mismo proceso y fui quien informó a la Junta Directiva en enero de este año lo que venía sucediendo”. Además, recordó que el contrato fue suspendido desde febrero de 2025, como lo confirmó la Junta Directiva en su comunicado del 29 de mayo, y que la medida sigue vigente.

Por otro lado, reveló que la Junta Directiva designó de manera temporal al doctor Rodolfo García Paredes, gerente jurídico de Hidrocarburos, como oficial de cumplimiento de la compañía. Finalmente, Roa desmintió categóricamente la existencia de interceptaciones ilegales en Ecopetrol y advirtió sobre la gravedad de filtraciones de información que pueden poner en riesgo la seguridad de la empresa.

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Procuraduría hará inspección en Ecopetrol

En la mañana del 4 de junio de 2025, funcionarios de la Procuraduría acudieron a las oficinas principales de Ecopetrol en Bogotá para efectuar una inspección relacionada con el escándalo del llamado “otrosí” contractual por 5,8 millones de dólares. Esta diligencia, que ocurre diez días después de la publicación que detallaba posibles irregularidades, busca esclarecer quién autorizó y bajo qué circunstancias se firmó dicho anexo al contrato con el bufete estadounidense Covington & Burling LLP.

La Procuraduría pretende determinar la transparencia en el manejo de información reservada y la autorización para realizar indagaciones internas que pudieron llegar a la extracción de datos confidenciales de correos y dispositivos móviles, supuestamente ejecutadas por la mencionada firma internacional. Mientras desde Ecopetrol sostienen que la información en cuestión está amparada por la reserva legal, el ente de control indaga si existió extralimitación de funciones, violaciones normativas o prácticas indebidas como perfilamientos de miembros de la junta directiva, actores externos y representantes sindicales.

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