Ante la carrera acelerada que adelanta el trámite de la reforma tributaria en el Congreso de la República, son varios los renglones de la economía que han mostrado su preocupación por el efecto que pueda tener. 

Uno de ellos es el de las zonas francas que, según sus cifras, entre los años 2007 y 2021, han acumulado inversiones por 44 billones de pesos.

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De ese monto, 13 % representa inversión extranjera directa y crea 147.000 empleos directos e indirectos con 1.009 usuarios calificados.

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Ante el panorama con la carga impositiva, que según haría decrecer la economía, desde ese gremio económico le pidieron al Gobierno la revisión del artículo 10 del proyecto de ley que condiciona el acceso al beneficio de la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios del 20 % a los usuarios de zonas francas que cuenten con un plan de internacionalización.

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Exponen que esa solicitud se da conforme a “los ingresos netos de aquellas operaciones de cualquier naturaleza en el territorio aduanero nacional y los demás ingresos por conceptos diferentes al desarrollo de la actividad calificada no superen el 40 % para el año gravable 2024, el 30% para 2025
y el 20 % para el 2026”.

Además, las zonas francas dicen estar preocupadas por el artículo propuesto, ya que consagra un requisito de exportación que podría llegar a ser considerado una subvención prohibida y, en consecuencia, contraria a los compromisos adquiridos por Colombia en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).