Farmatodo tiene raíces que se remontan a 1918, cuando fue fundada en Venezuela como una farmacia tradicional. Con el paso de las décadas evolucionó hacia un modelo de autoservicio y tienda de conveniencia, hasta convertirse en una de las cadenas más importantes del sector en América Latina.
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La compañía sigue siendo de propiedad familiar y está controlada por la familia Zubillaga, descendientes de sus fundadores. A lo largo de cuatro generaciones, esta familia ha liderado la transformación del negocio, su modernización y su expansión internacional.
Los Zubillaga iniciaron el negocio bajo el nombre de “Farmacia Lara” en Barquisimeto, Venezuela, evolucionando a la cadena Farmatodo. Decidieron no abandonar dicho país a pesar de la crisis y las amenazas de expropiaciones, convirtiendo a Farmatodo en una de las principales cadenas minoristas del país
En Colombia, la marca inició operaciones en 2008. Su llegada fue inicialmente a Bogotá y, con los años, extendió su red a ciudades como Medellín, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valledupar y Villavicencio. Actualmente supera las 100 tiendas en el país y brinda miles de empleos directos e indirectos.
Además de su crecimiento físico, Farmatodo ha fortalecido su estrategia digital con servicios de comercio electrónico y domicilios, consolidándose como uno de los jugadores más relevantes en el sector farmacéutico y de ‘retail’.
SIC investiga a Farmatodo en Colombia
El crecimiento de la cadena coincide con un momento complejo en el país. Este 4 de marzo, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció la apertura de una investigación administrativa contra Farmatodo por presuntas infracciones al Estatuto del Consumidor.
La decisión fue adoptada por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor tras analizar múltiples quejas de usuarios y realizar actuaciones de oficio, incluida la revisión del portal web de la empresa.
Según la entidad, entre 2024 y 2025 se registraron cerca de 1.300 peticiones, quejas y reclamos relacionados principalmente con dobles cobros, pagos duplicados y cobros no identificados.
A partir de esos hallazgos, la SIC formuló pliego de cargos por tres posibles conductas:
- Presuntas fallas en la calidad del servicio de pago que habrían ocasionado cobros múltiples por una misma transacción.
- El supuesto cobro de precios superiores a los anunciados en algunos productos, lo que podría vulnerar la obligación de respetar el precio informado al público.
- Un posible condicionamiento indebido del derecho de retracto al exigir la factura para tramitarlo.
El caso ahora queda en manos de la autoridad de protección al consumidor, que deberá determinar si hubo o no incumplimientos a la normativa vigente.
Qué pasará con los presos políticos que no han sido liberados en Venezuela
El abogado Juan Luis González da detalles sobre el proceso y la liberación de Rocío San Miguel, la presa política venezolana que a pesar de ser liberada continúa en el proceso judicial. También habló de cómo ve el panorama sobre los presos políticos que aún no han sido liberados.
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