En Bogotá se acabaron los apartamentos o apartestudios de interés social que tengan un área menor a 42 metros cuadrados y de menos de 36 metros metros cuadrados con la aprobación del nuevo POT. Este ha sido muy criticado por diferentes gremios y el de la construcción de vivienda es el que más ha mostrado su inconformidad.

Las nuevas condiciones provocaron molestia en la Cámara Colombiana de Construcción y este lunes, en Noticias Caracol, su presidenta, Sandra Forero, manifestó lo que piensan desde el sector que ella representa.

Tras escuchar las declaraciones de Claudia López en las que se muestra muy feliz por el Plan de Ordenamiento Territorial, Forero expresó que, para ella, la alcaldesa está cayendo en un grave error.

“Hay un desconocimiento de lo que es la demanda de vivienda en Bogotá. Uno no podría pensar que eso pasa con la alcaldesa de la ciudad. Hay una realidad y es que los hogares han cambiado. Ya no son las grandes familias, sino los hogares unipersonales y de pareja también están”, expresó la presidenta de Camacol.

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La presidenta de Camacol lanzó advertencia por los cambios en la reglamentación para construir vivienda y los comparó con lo que sucedió en la alcaldía de Gustavo Petro, cuando muchas empresas constructoras salieron de la capital para construir sus proyectos en los municipios aledaños.

“A Bogotá le va tocar volver a una de las administraciones anteriores y es que los constructores formales se fueron para la Sabana o a otras ciudades y los grandes beneficios del Gobierno Nacional para acceder a una vivienda no van a poder ser utilizadas por los bogotanos“, manifestó Forero.

De hecho, la representante del gremio de constructores puso en sobre aviso porque “Bogotá se va a quedar sin vivienda” con esta decisión de Claudia López.

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La razón, dice ella, es que “lo que hace el POT no es solamente meterse con las áreas, sino que crea condiciones para ninguna vivienda social se pueda” ejecutar la construcción en la capital, sin hacer mucha referencia a cuáles son esos cambios.

Forero advirtió que esta decisión “es un gran error histórico” y que en un futuro debería “cobrársele a quienes tomaron las decisiones”, es decir a la alcaldesa López y su equipo que la llevó a aprobarlo por decreto, pues esto tendrá incidencia en lo que pasará en la ciudad los próximos años 2035.