A menos de tres meses para que se dé el cambio de gobierno en Colombia, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas presentó un informe económico en el que compararó dos situaciones diferentes que podrían presentarse en la política energética durante los próximos años: uno de sostenimiento de la exploración y producción de petróleo y gas (futuro A), y uno de debilitamiento de la exploración y producción (futuro B).

De acuerdo con la entidad, si Colombia sigue desarrollando esta industria se darían ingresos a la Nación por $ 105 billones de pesos en los próximos cuatro años, y de $ 227 billones hasta 2032. No obstante, debilitar la industria representaría una pérdida anticipada en la autosuficiencia energética, pues se importaría gas a partir de 2026 y petróleo desde 2028.

Pero eso no sería todo, pues también existirían pérdidas en ingresos fiscales, regalías y divisas por exportación.

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Según explicó la ACP, en el escenario de sostenimiento (A), que va en línea con las propuestas que ha hecho Federico Gutiérrez, estiman que el sector aporte $ 38 billones por regalías durante el próximo gobierno, y $ 80 billones hasta 2032. Por el contrario, en el escenario de debilitamiento (B), muy cercano al que propone Gustavo Petro, estiman una pérdida de $ 18 billones de aportes fiscales y regalías de las empresas E&P a la Nación y las regiones.

Por otro lado, en el futuro A, la ACP evalúa un impacto positivo que se reflejaría en las dinámicas económicas y sociales de las regiones, ya que permitiría una contratación de bienes y servicios por $ 109 billones entre 2022 y 2026, mantener al menos 95.000 empleos e impulsar inversiones socioambientales por al menos $ 1,7 billones en este mismo periodo.

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Esto sería diferente para la ACP en dado caso de que se presente el futuro B, pues si el país requiere importar petróleo y gas sería aún más vulnerable a tensiones internacionales, se encarecerían la energía, los insumos con los que se fabrican productos del diario vivir, insumos agrícolas, el dólar, tasas de interés, entre otros ítems.

Así mismo, aseguran que la Nación tendría unas pérdidas de ingresos cercanas a los $ 13 billones en los próximos cuatro años en materia de regalías, que afectarían los programas sociales y pondrían en riesgo unos 40.000 empleos.

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