Durante el Congreso de Tesorería de Asobancaria, Leonardo Villar llamó la atención sobre la necesidad de contar con el borrador del decreto gubernamental con el que se reglamentará la administración del fondo de ahorro del pilar contributivo.
El dirigente señaló que el excedente de recursos que podría llegar a ser insuficiente para cubrir las pensiones a futuro, por lo que se deberían considerar ajustes, por ejemplo, en la edad, para que el fondo sea sostenible.
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“El propio proyecto de ley estima que hacia 2070 que el Fondo de Ahorro para el Pilar Contributivo (FAPC) se habrá agotado plenamente, con lo cual el Gobierno requerirá aportar mayores recursos para cubrir el déficit correspondiente”, advirtió Villar.
La entidad subrayó que cuenta con escasos cinco meses para prepararse en profundidad para la entrada en funcionamiento del fondo, el próximo primero de julio.
Desde el emisor calculan que los ingresos mensuales del fondo comenzarán en los 1,4 billones de pesos y, como estima el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), los activos llegarían a su tope en los 660 billones de pesos, que corresponderían a más del 35% del producto interno bruto.
“Se trata de una enorme responsabilidad cuyo buen funcionamiento tendrá implicaciones importantes para los mercados financieros y de capitales”, puntualizó Villar.
En ese orden de ideas, el gerente general del Banco de la República expresó que la sostenibilidad del sistema “requerirá ajustes en los parámetros del sistema, en particular en las edades de jubilación y en los porcentajes de cotización de los afiliados”.
Esta situación preocupa sobre todo a las personas que tienen más de 50 años y esperan pensionarse próximamente, puesto que estarán bajo la incertidumbre que aún persiste en la implementación de la reforma pensional de Gustavo Petro.
¿Puede la Corte Constitucional tumbar la reforma pensional de Petro aprobada por el Congreso?
Las demandas se centran en dos cuestiones principales: la falta de debate adecuado en la Cámara de Representantes y la ausencia de un análisis de impacto fiscal, que es un requisito legal para las iniciativas que implican gasto público.
La senadora Paloma Valencia, una de las demandantes, alega que la Cámara no debatió adecuadamente el texto aprobado por el Senado y que la votación de los artículos no fue nominal ni individual, lo que, según la oposición, viola el principio democrático y el pluralismo político.
Según La Silla Vacía, la Corte Constitucional debe decidir si la aprobación de la reforma fue válida. Si considera que hubo violaciones significativas, podría anular la reforma. La decisión del alto tribunal determinará si la reforma pensional se mantiene o debe ser revisada nuevamente por el Congreso.
“Calculo que, en aproximadamente tres o cuatro semanas, máximo cinco, la Sala Plena adoptará una decisión de fondo sobre la reforma pensional”, afirmó el magistrado Jorge Enrique Ibáñez.
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