Bernardo Camacho, interventor de la Nueva EPS, dio a conocer las alarmantes irregularidades en el manejo administrativo y financiero de esta entidad, una de las mayores aseguradoras del país y la cual permanece bajo intervención del Estado.
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De acuerdo con su informe, fueron halladas 12 millones de facturas represadas, correspondientes a servicios prestados por IPS desde 2023 hacia atrás, por un valor que supera los 4,3 billones de pesos, detalló el diario económico La República.
El equipo interventor evidenció que la acumulación de estas facturas se debió a diferentes fallas estructurales, como pagos ordenados con base en promedios mensuales y no sobre facturación auditada, así como la eliminación de registros clave (Rips) en las bases de datos, lo que impidió cerrar los estados financieros de manera adecuada.
Además, señala el citado medio, el sistema utilizado por Nueva EPS para el procesamiento de las facturas era manual y sin ningún tipo de soporte tecnológico, lo que retrasó y vulneró la integridad del proceso de pagos.
Nueva EPS seguirá en intervención estatal
El pasado 3 de abril, la Superintendencia de Salud anunció que la intervención a la Nueva EPS continuará por un año más, una medida que pone en evidencia los serios problemas financieros y operativos de la entidad.
La decisión que anunció la entidad surge en un contexto de persistentes fallos en la prestación de servicios y en el cumplimiento de normativas por parte de la EPS.
Para la Supersalud, esta EPS sigue sin entregar los estados financieros necesarios para una adecuada supervisión de sus operaciones, lo que refuerza las preocupaciones sobre la transparencia de la entidad.
Tras la decisión del Gobierno Nacional de extender la intervención hasta 2026, los accionistas de Nueva EPS solicitaron a la Superintendencia de Salud permiso para su retiro voluntario, alegando que la entidad ya no es financieramente viable.
Esta solicitud se suma a las peticiones hechas por EPS como Sura y Compensar, que también han buscado salir de manera inmediata del sistema de salud colombiano.
¿Qué pasa con las EPS en Colombia?
El sistema de salud atraviesa una de sus peores crisis. Las Entidades Promotoras de Salud (EPS), que son las encargadas de gestionar los recursos y garantizar la atención a los usuarios, han reportado dificultades financieras, operativas y estructurales que afectan la prestación del servicio.
Durante años, el modelo ha sido criticado por su ineficiencia, demoras en pagos a hospitales y clínicas (IPS) y la acumulación de deudas.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro propuso una reforma de salud que busca eliminar el rol de las EPS como intermediarias y fortalecer un sistema de salud pública y preventiva, lo cual ha provocado tensiones entre el Ejecutivo, las aseguradoras privadas y sectores políticos.
Incluso, el presidente Gustavo Petro anunció en un consejo de ministros que, mientras convoca una consulta popular para que sea la ciudadanía la encargada de decidir qué pasa con ese proyecto, emitirá decretos para ir implementando algunos artículos de la mencionada reforma.
Varias EPS, como Sanitas, Sura, Compensar y ahora Nueva EPS, han solicitado a las autoridades su salida del sistema argumentando inviabilidad financiera y falta de garantías. Sin embargo, estas peticiones han sido rechazadas hasta ahora por la Superintendencia de Salud, que ha optado por intervenir algunas de estas entidades para evitar el colapso inmediato del sistema y proteger a los usuarios.
En este complejo panorama, más de 50 millones de colombianos continúan dependiendo del sistema de salud, cuya estabilidad depende de decisiones políticas, técnicas y financieras urgentes.
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